Ara Maó ha acusado al alcalde Maó, Héctor Pons, de romper el acuerdo del Pleno municipal sobre la Sala Augusta aprobado hace menos de tres meses tras saberse que el edil aceptaría trasladar la ubicación del centro de enseñanza a otro lugar si se mantiene la recuperación del edificio cultural de la calle Ramón y Cajal.
Desde Ara Maó se recuerda al alcalde que el acuerdo aprobado decía textualmente: “Instar a la Conselleria d’Educació del Govern Balear a sacar la nueva licitación de la Sala Augusta lo más pronto posible y con los precios revisados. (…) Hay una mayoría de la población mahonesa que ve con buenos ojos la ubicación del nuevo centro en la Sala Augusta, como ratifican los resultados de las elecciones municipales de 2023, si sumamos los votos de los partidos que apuestan por este emplazamiento para el Conservatorio. (…) Lo que se valora de este proyecto es la posibilidad de rehabilitar un edificio en desuso situado en el centro de la ciudad, y la conversión del mismo en un edificio singular con alto valor arquitectónico. Es un proyecto realizado por un reconocido arquitecto, con experiencia en auditorios, conservatorios y escuelas de música. Consiste en la realización del anteproyecto que ganó el concurso de ideas convocado por la Conselleria d’Educació, al que se presentaron 52 trabajos, y consta de un auditorio para unas 400 personas, y de un número de aulas que pueden acoger una cantidad de alumnos muy superior a la de la actual sede de Maó.”
La ubicación del Conservatorio de Música en la Sala Augusta, con el proyecto ejecutivo aprobado y sólo pendiente de licitación, ahora pende de un hilo, porque el Govern Balear se ha manifestado en contra de la decisión del Pleno y quiere abandonar el proyecto.
Esta ubicación fue aceptada en sus inicios por el PP, y el proyecto puesto en marcha en el mandato 2015-2019 resolvía una demanda histórica de la comunidad educativa que ahora ve peligrar su futuro.
Esta decisión de no hacer el nuevo Conservatorio en la Sala Augusta provocará empezar de nuevo todo el largo y complicado proceso administrativo y técnico que conlleva una infraestructura de este tipo, lo que se retrasará porque no hay ningún espacio público adecuado previsto por éstos usos en el PGOU.
La Sala Augusta, al ser propiedad municipal y no tiene por qué ser objeto de inversiones por parte del Govern Balear, se aboca a un destino incierto.
Para Jordi Tutzó, portavoz de Ara Maó, “con la decisión unilateral del sr. Pons, el equipo de gobierno del PSOE echa atrás 8 años de trabajo y de recursos públicos invertidos en este proyecto.
Esta decisión, por encima de todo, contradice los acuerdos tomados en el Ajuntament de Maó, el último del mes de julio en que se aprobó mantener esta ubicación, hace que nos pidan si las decisiones que se toman en el plenario tienen ningún valor, porque en cualquier momento el sr. Pons puede tomar acciones en sentido contrario.”
