Ana Rodrigo. Madrid, 26 nov (EFE).- La Fiscalía y las entidades de mayores libran juntos la batalla para conseguir que se elimine la inmovilización en las residencias -tanto física como a través de medicamentos- y solo se utilice en casos que se acuerde por prescripción médica o haya un peligro inminente.
España, junto con Alemania, Francia o Italia, es uno de los países donde más se emplean las sujeciones, mientras que Dinamarca, Japón, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos hacen un uso muy bajo de ellas.
La mitad de las personas que caen en un inmovilismo acaban falleciendo en un año, advierte el doctor Antonio Burgueño, director técnico del programa “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer”, impulsado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) para poner fin a las sujeciones en los centros.
Más de 400.000 personas mayores viven en residencias en España, de las cuales 250.000 presentan deterioro cognitivo.
En España no existe todavía una normativa común sobre sujeciones en las residencias, competencia de las comunidades. En Andalucía y Aragón se exige aprobación judicial; en Baleares, País Vasco y La Rioja, prescripción facultativa, y en otras como Navarra, Canaria, Cantabria, Cataluña y Comunidad Valenciana, la obligación de notificarlas al fiscal.
210 residencias, libres de sujeciones
Ceoma puso en marcha hace dos décadas “Desatar”, que propone como alternativa a las sujeciones apostar por la formación de los empleados para incidir en la prevención de los problemas de conducta de los pacientes con demencias y transformar los centros, tanto a nivel de espacio como organizativo.
Según el médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, los trastornos de conducta de las personas con demencia responden a “su manera de comunicarse”, por lo que destaca la importancia de “aprender a interpretarlos” para abordarlos desde la prevención.
“Cuando el problema predominante es de conducta, la sujeción que se emplea es la farmacológica, pero eso induce a un mayor riesgo físico y de caídas por pérdida de reflejos o de coordinación; es necesario incidir en ello, además de transformar las condiciones de la habitación, facilitar el acceso al baño y establecer ajustes organizativos”, ha recalcado durante la jornada celebrada esta semana por la confederación de entidades de mayores.
Además, el especialista advierte de que la inmovilidad va asociada a una mayor mortalidad por un “declive físico y mental”. “Las personas que por el motivo que sea caen en un inmovilismo acaban falleciendo en el plazo máximo de un año. Es letal para una persona mayor”.
A veces son las propias familias de los pacientes quienes piden a las residencias que hagan uso de sujeciones para evitar caídas, cuando “lo que se ha visto es que no hay más caídas en los centros libres de sujeciones que en los que sí las usan”, asevera.
No obstante, considera que los centros que emplean sujeciones lo hacen de forma muy controlada y limitada, siguiendo la normativa que obliga a que sea una decisión tomada por un médico, con el apoyo del paciente afectado o de un familiar. “Son pocos los centros que las usan de forma descontrolada”, opina.
Ceoma ha acreditado a 210 residencias como libres de sujeciones y otros centros están en pleno proceso de obtención de la acreditación. “Aún se trata de una cifra pequeña, teniendo en cuenta que hay más de 4.500 residencias en España”.
La vigilancia de los fiscales
El Ministerio Público tiene la labor de supervisar el uso de las inmovilizaciones, restricción física o tratamiento farmacológico en las residencias de mayores. También lo hace en los centros de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas, con el objetivo de que nadie lo esté si no lo ha ordenado un médico, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros.
El uso de las contenciones deberá hacerse “con excepcionalidad, bajo prescripción médica, individualidad, proporcionalidad, con la mínima intensidad posible y el tiempo estrictamente necesario”, concreta la Fiscal de Discapacidad y Mayores, María José Segarra.
Además estas sujeciones, deben contar con “un consentimiento informado y una continua reevaluación”, añade la fiscal, sin olvidar la transparencia, remarca, “por eso cuando un fiscal va a una residencia lo primero que pide son papeles”.
En los casos en lo que no se cumplen estas condiciones, la fiscal responsable del ámbito de los mayores recuerda que se pueden “tomar medidas cautelares en el ámbito civil o incluso se puede investigar penalmente si es constitutivo de delito”.
La Fiscalía General del Estado ha expresado su preocupación por el empleo de las sujeciones en los centros en la última memoria presentada el pasado mes de septiembre, en la que llama la atención sobre algunas “debilidades” detectadas en centros de mayores que han conllevado “severas limitaciones de derechos fundamentales”.
Segarra ha recordado que en España no hay una normativa unitaria y las comunidades autónomas, que tienen la competencia de los centros, adoptan diferentes modelos; la Fiscalía sigue la tendencia marcada por el Comité de Bioética y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología “de ir a sujeciones 0”, y de que “cuando se hagan, se tienen que hacer de una determinada forma”.
También tiene en cuenta los principios recogidos en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como “ley Rhodes”, sobre contenciones en los centros de menores.
Gobierno y comunidades acordaron criterios comunes de acreditación y calidad de los centros el pasado mes de junio, que aún están pendientes de regulación por algunas autonomías, entre los que se incluyen la excepcionalidad de las sujeciones y la aprobación de protocolos para aplicarlas en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Los fiscales que realizan esas vistas tienen en sus manos una instrucción con pautas de inspección y de actuación para que se cumplan la legalidad y el respeto a la dignidad, la libertad y la promoción de la autonomía de los residentes.
“Cuanto más comprometida está la capacidad de una persona más importante debe ser el control y la vigilancia que hagamos para el respeto de sus derechos”, concluye Segarra.
