No en nuestro nombre. Así cierra el manifiesto de la recién creada coordinadora en la isla. Desde hace meses, se han gestado propuestas que amenazan con derogar el derecho universal de solicitud de asilo establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Si estas iniciativas son aprobadas, se producirá un hecho sin precedentes en la historia: la supresión del derecho de asilo para determinadas nacionalidades según el criterio de la Unión Europea (UE).
El pacto que acaba de ser firmado por los 27 estados miembros de la UE incluye la exclusión de ciertos países, como Senegal, Marruecos, Argelia, Níger y Afganistán, del derecho de asilo. Este enfoque basado en la nacionalidad marca un quiebre histórico en la concesión de derechos.
Las causas que motivan los movimientos y solicitudes de asilo son diversas, abarcando desde conflictos armados hasta el cambio climático, la vulneración de los derechos humanos por motivos de orientación sexual, y la ablación, entre otros. Cinco reglamentos han sido ratificados, siendo uno de ellos particularmente preocupante al eliminar el derecho de arraigo para los solicitantes de asilo, lo que dificultaría la reunificación de familias dispersas en diferentes países. Esto podría exponer a menores, como en el caso de Palestina, a situaciones de desamparo, vinculadas con actividades ilegales como el tráfico de personas y la prostitución.
Sin embargo, fuentes de la Moncloa apuntan que los cinco reglamentos afectan a todas las fases de la gestión del asilo y la migración: el control de las llegadas irregulares; la toma de datos biométricos; los procedimientos para presentar y tramitar las solicitudes de asilo; las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo; la cooperación y solidaridad entre Estados; y la gestión de las situaciones de crisis.
También dicen que las nuevas normas, una vez adoptadas, harán el sistema europeo de asilo más efectivo e incrementarán la solidaridad entre los Estados miembros, reduciendo la carga de aquellos Estados de primera entrada en los que se concentra la mayor parte de la migración.
De manera diferente lo entiende la Coordinadora en Menorca. La rebaja de la edad de 12 a 6 años en procedimientos fronterizos, llegadas y expulsiones en caliente, lo cual representa una vulneración de los derechos de los menores. Asimismo, se prevé la pérdida de derechos para las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, quienes verían limitada su posibilidad de solicitar asilo si pertenecen a países considerados “seguros” por la Unión Europea.
Las devoluciones en caliente, actualmente ilegales en la frontera, se legalizarían y recibirían financiamiento, al igual que las detenciones por perfil racial y las deportaciones, antes consideradas faltas administrativas. Aquellas personas que busquen asilo en territorio europeo serán sometidas a una monitorización a través de huellas digitales, restringiendo aún más su libertad de movimiento, con posibles penalizaciones económicas en el país evaluador del caso.
Además, los países miembros de la UE podrán denegar solicitudes de asilo y transferir a personas a otros países mediante un pago de 20.000 euros por persona y año. Este dinero se destinará a aumentar las deportaciones y el presupuesto de Frontex, la agencia europea de control fronterizo. En un plan adicional, se contempla la construcción de mega cárceles, con dos en construcción en Albania, bajo jurisprudencia italiana. Estos eventos marcan un cambio significativo en la política de asilo de la Unión Europea, generando preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales.
