El Jurado Provincial de Expropiación ha exonerado al Ayuntamiento de Es Migjorn Gran de la obligación de pagar 2,7 millones de euros por la expropiación de un terreno adyacente al campo de fútbol del municipio. La decisión llega tras no admitir la reclamación de un particular que exigía dicha cantidad como compensación por la finca de Son Pons, alegando intereses acumulados durante los últimos tres años y medio.
La disputa se centra en una parcela de 8.172 metros cuadrados calificada como suelo urbano para equipamiento público, según las Normas Subsidiarias vigentes. Esta clasificación es el resultado de un convenio urbanístico firmado hace 20 años entre el entonces propietario de los terrenos y el alcalde de aquel momento, Pere Riudavets Fayas. El acuerdo preveía la adquisición de una parte de la finca por el ayuntamiento para la expansión de las instalaciones deportivas locales.
El conflicto surge cuando, después del plazo legal de cinco años para iniciar cualquier procedimiento expropiatorio sin haberse cumplido el objetivo de destinar la totalidad de la finca a uso social o deportivo, el propietario reclamó la expropiación en 2020. Sin embargo, el Ayuntamiento argumentó con éxito que la parcela ya ofrecía al propietario un “aprovechamiento urbanístico patrimonializable”, es decir, la posibilidad de edificar previa solicitud de licencia correspondiente, invalidando así la necesidad de una expropiación.
La magistrada María del Pilar Fernández y el Jurado Provincial acordaron unánimemente no admitir la petición de compensación, abriendo aún la posibilidad de que el propietario presente un recurso de reposición dentro de un mes.
La alcaldesa de Es Migjorn Gran, Antònia Camps, ha expresado su satisfacción con el fallo y ha criticado la gestión previa del convenio, indicando que estuvo cerca de “arruinar al Ayuntamiento” por no haber expropiado los terrenos a tiempo y a un costo menor, lo que habría permitido que ya fueran propiedad municipal.
