Madrid, 22 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo recibió el año pasado 604 quejas de ciudadanos residentes en Baleares, un 9,8 % más que en 2022, cuando ascendieron a 550, según los datos hechos públicos por la institución.
El organismo recibió del conjunto del país 35.603 en 2023, un 13,2 % más que el año anterior, muchas relativas al descuido en los servicios públicos esenciales, como la justicia, la Seguridad Social y la sanidad, y a la saturación de la atención ciudadana por parte de las administraciones.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol el Informe anual de la institución relativo a 2023, en el que se evidencian los problemas derivados de la cita previa con las administraciones y se pone el foco en que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial, particularmente para quienes no son nativos digitales o tienen dificultades para utilizar la tecnología.
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas afectaban principalmente a la administración de la justicia (el 12 %), la Seguridad Social (alrededor de mil quejas sobre esta materia), interior, asilo, educación y sanidad.
Las más de 35.000 quejas tramitadas por el Defensor dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones: 668 recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias. Inició el pasado año 288 actuaciones de oficio, un 15 % más.
“No faltan quejas sobre dificultades de acceso a las administraciones públicas, problemas de gestión, demoras, dilaciones, retrasos. (…) Citas previas con no pocos servicios desbordados”, ha explicado Gabilondo en rueda de prensa.
Las quejas relativas al Sistema Nacional de Salud se han multiplicado por dos desde 2021 a 2023, un “problema común a todas las comunidades autónomas” que tiene que ver particularmente con la saturación de la atención primaria y especializada y los insuficientes recursos para la salud mental.
La institución recibió también “numerosas quejas” de los usuarios de las residencias de mayores, relativas a las condiciones y la calidad del servicio, a la comida, a la ratio de profesionales y a la carencia de estimulación de los residentes. En este sentido, el Defensor ha iniciado de oficio una supervisión directa del funcionamiento de las residencias.
Importantes asuntos abordados por el informe son los casos de menores tuteladas por el Estado que han sido víctimas de explotación sexual y la acogida de los menores extranjeros no acompañados, 5.000 de ellos en Canarias. “El camino de la solidaridad es interesante, pero en este punto es insuficiente. Hacen falta medidas legislativas”, ha exigido.
Gabilondo ha destacado que “la pobreza es la gran exclusión y la gran soledad” y ha recordado a las administraciones públicas la urgencia de desplegar políticas sociales dirigidas a la ciudadanía más vulnerable para reducir la desigualdad. Una óptima gestión del ingreso mínimo vital, la lucha contra el sinhogarismo, el acceso a las becas y ayudas para comedores escolares, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o las ayudas sociales y municipales son relevantes en este campo, según el Defensor.
La institución ha reiterado que persisten las dificultades en el acceso a la vivienda, particularmente para jóvenes, mayores y familias vulnerables, por los altos precios y el escaso parque de vivienda protegida y social: “En esto estamos mal, muy lejos de lo que debe hacerse”, ha enfatizado Gabilondo.
Otra cuestión que se repite en el actual informe es la exclusión financiera: los mayores y las personas extranjeras o que viven en entornos rurales siguen teniendo dificultades y barreras para acceder a los servicios bancarios.
Por otra parte, Gabilondo ha señalado que las violencias machistas son una “importante preocupación ciudadana” y solicita que se amplíe el ámbito de protección a todas las víctimas y se mejore su atención y reparación.
Ha incidido en que se requiere un mayor compromiso en la protección de los menores expuestos a violencia vicaria y ha recibido denuncias del uso del síndrome de alienación parental por parte de jueces, fiscales y equipos psicosociales: “Hay que dejar a los niños en paz, no utilizarlos como mercanía”, ha subrayado.
La institución, que asegura que su obligación es abordar los derechos humanos “lejos de cualquier postura ideológica o partidista”, recibió el pasado año 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo ante el Tribunal Constitucional sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos.
Por regiones, un año más la Comunidad de Madrid lidera el listado de más quejas emitidas (con 8.470), seguida de Andalucía (4.186), Comunitat Valenciana (3.973) y Cataluña (3.208).
En 2023, el Defensor del Pueblo atendió en 2023 a 37.752 ciudadanos, a 36.572 de ellos de forma telefónica y a 1.180 de manera presencial.
Con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha visitado 51 lugares de privación de libertad, unas acciones que han llevado al Defensor a elaborar 317 recomendaciones, 283 sugerencias y 18 recordatorios de deberes legales.
Gabilondo ha aseverado que “uno de los talones de Aquiles del sistema penitenciario español” es la ausencia de personal sanitario en las cárceles y ha lamentado que sólo tres comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra) hayan asumido sus competencias en esta materia.
