La Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales de Menorca ha firmado este jueves el protocolo general de actuación entre el Consell de Menorca y los ayuntamientos de los municipios para establecer las líneas de colaboración para facilitar la investigación, la identificación y la constatación de casos de oferta turística ilegal con las actuaciones de la Policía Local.
El pasado 12 de marzo, el departamento de Ordenación Territorial y Turística presentó el borrador de protocolo a todos los ayuntamientos y les dieron la posibilidad de presentar todas las propuestas oportunas hasta el 5 de abril, donde finalmente ninguna administración va exponerlos.
Este protocolo, como ya se especificó, establecía que la policía en los casos en que se detecte una posible oferta ilegal, deberá cumplimentar un cuestionario otorgado a cada ayuntamiento para especificar su domicilio y sospechas descubiertas.
Además, cooperarán en la detección de eventuales fallos en los datos que, sobre el Registro de empresas, actividades y establecimientos turísticos, se pueden consultar a través del IDE Menorca y organizarán, en su caso, actuaciones conjuntas de investigación y inspección en el ámbito de las respectivas competencias.
Por último, facilitarán a las demás administraciones la información y documentación que necesiten sobre la actividad dentro del ámbito de las respectivas competencias o cualquier otra acción beneficiosa que sirva para alcanzar el objetivo de este protocolo.
“Tanto desde el Consell Insular, como de los ayuntamientos de la isla, hemos mostrado la preocupación ante esta situación en las diferentes juntas de alcaldes, por lo que hemos querido establecer una solución conjunta que pueda facilitar la detección del alquiler turístico ilegal”, ha señalado la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent.
Ahora, con la firma de este protocolo de colaboración, “la Policía Local podrá ayudarnos a identificar y constatar indicios de infracciones, ya que ellos, estando a pie de calle, son los primeros en poder percibir cambios y posibles hechos sancionables”, ha comentado.
Además, se ha creado un correo electrónico específico para coordinarnos y recibir toda esta información por parte de los agentes.
Por otra parte, durante el pasado año 2023 se han resuelto mediante resolución del Consell Insular de Menorca un total de 48 expedientes sancionadores en materia de oferta ilegal y clandestina remitidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
De éstos, 20 pertenecen en el municipio de Ciutadella, 6 en Maó, 6 en Mercadal, 6 en Sant Lluís, 5 en Fornells, 3 em Castell y 2 en Ferreries.
Se trata de aplicar una norma que no está recogida en las ordenanzas municipales, por tanto queda fuera de las atribuciones de las policías locales. Si el Consell Insular o el Govern Balear dictan normas, que nombren inspectores propios. Ya está bien de hacer caer todo el peso de normativas estatales, autonómicas, provinciales y locales sobre las policías locales, en muchos casos mal pagadas y equipadas.