El grupo ecologista GOB estudia las acciones a emprender para frenar la iniciativa del Govern balear que pretende legalizar todas las construcciones en rústico para, posteriormente, permitir su alquiler turístico. Los ecologistas señalan que este anuncio del Ejecutivo autonómico va en contra de leyes de rango superior por lo que buscará la forma de frenar al Govern de Prohens.
Desde la entidad ecologista se recuerda que los núcleos rurales de casas ilegales acumulan problemas de fosas sépticas que contaminan los acuíferos, de consumos de agua sin control alguno y de considerables impactos paisajísticos.
Legalizar una casa en suelo rústico representa actualmente una espectacular revalorización del precio que se paga en los mercados inmobiliarios. Los conservacionistas califican esta intención del Govern como “una operación de especulación urbanística como se pueden recordar pocas en democracia”.
En el GOB entienden que ayudar a los infractores urbanísticos era una práctica habitual en los años setenta y ochenta del siglo pasado, donde quienes ostentaban el poder y quienes tenían la propiedad, se repartían después los beneficios. Muchos casos terminaron en los tribunales.
Inciden, además, en el hecho de que la mayoría de construcciones ilegales no son pequeñas casitas reformadas para pasar un par de días sino chalets de más de 300 metros cuadrados cada uno.
