El GOB ha informado que la Reserva Marina del Nord de Menorca ha vuelto a experimentar una disminución en la biomasa pesquera, mientras que el número de expedientes sancionadores en materia de pesca sigue siendo muy bajo. Desde 2019, los expedientes sancionadores han disminuido drásticamente, según el grupo ecologista.
La vigilancia de los recursos pesqueros en aguas interiores de Menorca fue transferida al Consell Insular hace unos años con el objetivo de mejorar la coordinación y la efectividad del servicio. Sin embargo, desde 2019, los expedientes sancionadores han caído de manera espectacular.
El GOB, que solicita anualmente los expedientes de pesca abiertos el año anterior, ha destacado que la tendencia de pocas sanciones continúa. En 2023, se conocieron 14 expedientes (10 de inspecciones en aguas interiores y 4 relacionados con la comercialización). Antes de 2019, se llegaban a registrar entre 40 y 50 casos.
Los expedientes sancionadores abiertos por el Consell Insular se basan en informes de diversos cuerpos de vigilancia, que incluyen vehículos, embarcaciones y drones. En concreto, hay dos inspectores de pesca, tres guardapesques, la Guardia Civil, inspectores del Ministerio y la Policía Local involucrados en estos procedimientos.
De los 14 expedientes, seis se refieren a pescadores recreativos, seis a pescadores profesionales (cuatro por comercialización) y dos por pesca submarina. La mayoría de las sanciones fueron de 140 euros, después de la reducción por pronto pago, aunque dos sanciones más severas alcanzaron los 4000 y 1000 euros.
El GOB también ha señalado que, a pesar de tratarse de una reserva pesquera, los estudios recientes muestran una disminución tanto en la densidad como en la biomasa total de peces comerciales en la Reserva Marina del Nord. Entre 2011 y 2017, se observó una pérdida significativa de especies emblemáticas, y aunque hubo una ligera recuperación entre 2017 y 2019, la tendencia actual sigue siendo a la baja.
La correlación entre la baja actividad sancionadora y la disminución de la biomasa sugiere, según el GOB, una posible sensación de impunidad por malas prácticas en la pesca y la comercialización de productos capturados de manera furtiva.