El caso de las piscinas ilegales de Torre Vella (Alaior) suma un nuevo capítulo. El Defensor del Pueblo ha emitido un informe jurídico en el que recomienda al Consorcio de Disciplina Urbanística de Menorca que se reconozca al GOB su condición de persona interesada en los expedientes que tramita este organismo.
El conocido caso de las piscinas que se habían tramitado como depósitos para ahorrar agua sigue vivo, cinco años después de sus primeras denuncias. Para poder disponer de toda la información generada, el GOB solicitó el reconocimiento de persona jurídica interesada, a fin de poder conocer las actuaciones realizadas, las incidencias que se vayan produciendo y recibir audiencia antes de dictar resoluciones.
El Consorcio desestimó esta petición, así como el recurso de reposición que la entidad presentó después. El argumento principal para no atender a la petición era que la Ley de Urbanismo de Baleares prevé excepciones a la transparencia en el caso de los expedientes sancionadores.
Así las cosas, se decidió acudir al Defensor del Pueblo, a fin de captar la opinión de un órgano no implicado directamente en el caso. Ahora se ha recibido la respuesta, que incluye una amplia reflexión jurídica, y concluye que el derecho al acceso a la información de entidades sin ánimo de lucro dedicadas al medio ambiente no puede ser conculcado por interpretaciones de normativas autonómicas.
En su respuesta, el Defensor dice que la visión aplicada por el Consorci vulnera normativa básica, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto y advierte que se están vulnerando la Ley estatal del derecho a la información ambiental, convenios internacionales y directivas comunitarias.
El Defensor del Pueblo se dirigirá al Consorcio para recomendar la revisión del caso. También el GOB lo solicitará de forma formal.
