Dispuesto a plantarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Govern ha anunciado votará en contra de un déficit inferior al 0,3 por ciento del PIB para las comunidades autónomas en el ejercicio 2016 hasta llegar al 0 por ciento en el 2018, tal como prevé el Gobierno central. El Ejecutivo de Armengol buscará apoyos entre otras comunidades autónomas y la sociedad civil de las Baleares para aumentar este límite, que en el caso del Estado es del 2,5 por ciento pese a ser las comunidades las que gestionan las competencias más costosas (educación, sanidad, bienestar social).
El anuncio de la postura del Govern ha venido acompañada de críticas puesto que el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Marc Pons, ha expresado su rechazo a que el anterior Gobierno, con una “actitud seguidista y conformista”, aceptó con los “ojos cerrados” cualquier imposición de Madrid, lo que conduce a la comunidad a una situación de “injusticia financiera”, caracterizada por los recortes continuos de servicios sociales y la renuncia a posibilidades de inversiones e ingresos.
En este sentido, Pons se ha mostrado dispuesto a “cambiar el seguidismo por un liderazgo institucional”, motivo por el que el Ejecutivo balear, ha asegurado, intentará negociar con otras comunidades autónomas un cambio tanto en la distribución de la limitación del déficit como en el reparto de las votaciones en el seno del CPFF, donde el 51 por ciento de representación la ostenta el Gobierno central lo que convierte cualquier negociación en una imposición.
