Menorca se ha visto sorprendida este verano con la historia de Joan, un joven mahonés que ha sido condenado a tres años de prisión por una agresión sexual que él niega haber cometido. La condena, recaída en primera instancia y reafirmada en segunda, es fruto de un procedimiento que el propio joven y su entorno cuestionan. Han sido muchas las personas que se han puesto del lado de Joan. No sé si conocen más detalles de la instrucción o el juicio que yo han visto la sentencia, pero le dan ánimos y claman contra la injusticia que supone enviar alguien a prisión en unas condiciones tan dudosas, habida cuenta las quejas expresadas en relación al desarrollo del procedimiento.
La historia de Juan y de otros casos como el suyo reabren el debate sobre cómo funciona nuestro sistema judicial. A la lentitud y el coste se suman con frecuencia quejas de los usuarios que se sienten no escuchados, tratados injustamente, en este caso concreto, Joan lamenta que se hayan desoído la mitad de sus peticiones y de que la sentencia que recae en una segunda instancia sea un “copia y pega” de la que se dictó en primera.
La justicia necesita ser ágil y contundente para realmente ser considerada como tal. Joan y su familia no han perdido la fe en ella e irán donde sea necesario para defender la inocencia del joven. Mientras tanto, casos como el suyo se convertirán en acicate para denunciar la precariedad en la que vive la Administración de Justicia (y otros servicios públicos), siempre escasa de medios y de condiciones dignas, de estímulos para quienes trabajan en ella se sientan motivados para crecer profesionalmente y prestar un servicio óptimo a la sociedad
