Més per Menorca y Més per Mallorca han presentado de forma conjunta 180 enmiendas al Decreto Ley de ‘Destrucción Masiva’ del Govern de Prohens para blindar el territorio, poner freno a la especulación y turistización y facilitar la Administración a las personas. El partido mallorquinista y el partido menorquinista se unen así para contraponer su modelo al del Partido Popular.
“El Decreto Ley de Destrucción Masiva de Prohens no persigue la simplificación administrativa. Lo que pretende, únicamente, es favorecer a infractores y especuladores, aumentar la destrucción del territorio y la turistización de nuestra casa y privatizar servicios públicos”, ha asegurado el coordinador general y portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. “El Govern de Prohens no agiliza absolutamente nada. Lo que hace es eliminar cualquier clase de regulación y garantía normativa para cementar todo el suelo rústico y eliminar la protección medioambiental”, ha denunciado Apesteguia.
Por su parte, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha manifestado que “siempre que gobierna el PP acaba suponiendo una amenaza para la preservación del territorio, lo que hace Prohens no es nada nuevo, pretende perpetuar el legado de sus antecesores del partido”. Castells también ha lamentado que “con este decreto, la presidenta se ha quitado la careta, todos sabemos para quien gobierna y precisamente no es para la gente de a pie”.
Entre las 180 enmiendas presentadas de forma conjunta por los mallorquinistas y menorquinistas destacan las enmiendas de recuperación de la prohibición de edificar en zonas inundables o incendiables y las enmiendas de supresión de la amnistía de casas y piscinas ilegales en rústico. En este sentido, Més per Mallorca y Més per Menorca reiteran su oposición a mantener las licencias turísticas en casas donde se constate una infracción urbanística, lo que se ha llamado como “enmienda March”, y consideran que lo que hace falta es reducir la presión sobre el suelo rústico e impedir que quien ha incumplido la ley pueda seguir enriqueciéndose.
Además, proponen también la creación de un Cuerpo de Inspección de las Islas Baleares para la inspección de instalaciones y actividades en los ámbitos urbanístico, medioambiental, turístico y de actividades económicas con el objetivo de reforzar las capacidades inspectoras de las administraciones del archipiélago, especialmente de aquellas actividades en las que se ha generalizado la declaración responsable como título habilitante para su ejercicio.
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