La aplicación de una nueva tasa de residuos en Es Castell ha generado un profundo malestar entre el sector empresarial menorquín, que considera desproporcionado e injusto el cálculo de esta carga fiscal. La asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Menorca (PIME) ha expresado su desacuerdo con el modelo actual, que establece el importe en función del tamaño de los locales comerciales y no del volumen real de residuos generados. En una reciente entrevista con Radio Menorca, la secretaria técnica de PIME, María García, calificó la medida como “excesiva” para las empresas locales y subrayó la urgencia de que el Ayuntamiento de Es Castell revise esta política de cara a 2025.
Según explicó García, las empresas de Es Castell ya venían haciendo frente a tasas de recolección de residuos mediante otros impuestos municipales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Sin embargo, el nuevo sistema añade una carga adicional que afecta directamente al sector, sin proporcionar una rebaja en el IBI que permita amortiguar el impacto. Además, para muchos empresarios, esta situación se ve agravada por el hecho de que en Es Castell la tasa de basuras no tiene limitaciones ni excepciones para empresas de menor tamaño o baja generación de residuos, algo que ha llevado a algunos locales a pagar cifras que superan sus propios costes de IBI.
La preocupación de PIME por la nueva tasa de residuos no solo se limita a Es Castell. Durante el último año, la federación empresarial ha presentado alegaciones similares ante otros ayuntamientos de la isla, como Ferreries, Mahón y Alaior, todos ellos con políticas de aumento en los impuestos locales que afectan de manera considerable a los pequeños comercios y empresas. En sus alegaciones, PIME argumenta que los criterios para estas tasas deben ser revisados para garantizar una correlación directa entre la generación real de residuos y el importe cobrado. La falta de esa correlación, apuntan, supone una carga innecesaria para muchos pequeños empresarios que no generan una cantidad de residuos proporcional a los metros cuadrados de sus locales.
Otro de los puntos que PIME ha puesto en la mesa es la inadecuada codificación de actividades en las ordenanzas fiscales, que no clasifican las actividades económicas con claridad, lo que podría derivar en errores o incluso en dobles tributos para las empresas. La federación también subraya que no existe ninguna obligación normativa superior que exija la creación de esta nueva tasa, lo cual da margen a los ayuntamientos para reevaluar su implementación y, en el caso de Es Castell, introducir limitaciones para proteger a los negocios locales.
Por su parte, el alcalde de Es Castell, Luis Camps, ha reconocido la preocupación de PIME y se ha comprometido a revisar los importes de la tasa en 2025, en un intento de reducir el impacto en las empresas. A pesar de esta promesa, la patronal mantiene una postura crítica ante la falta de respuesta a sus alegaciones y sigue insistiendo en la necesidad de contención fiscal para proteger al tejido empresarial local. En un contexto de superávit municipal, PIME considera que el apoyo al sector productivo debería ser prioritario, especialmente cuando la administración cuenta con recursos suficientes para ello.
PIME también advierte que, de mantenerse estas políticas, muchos negocios de la isla podrían enfrentar dificultades para sostener su actividad. En este sentido, la federación insta a los ayuntamientos a adoptar una política fiscal más equilibrada, que permita a los comercios y empresas desarrollarse sin enfrentarse a cargas fiscales desproporcionadas. En Mahón, donde también se prevé un aumento de impuestos locales, PIME ha solicitado una revisión similar y ha manifestado su disposición a presentar nuevas alegaciones en apoyo a la actividad empresarial.
