La Audiencia Provincial ha estimado parcialmente el recurso del Ajuntament de Ciutadella y ha aceptado juzgar también al exconcejal y expresidente del PP de Ciutadella Avel·lí Casasnovas junto a cinco empresarios investigados por la permuta de s’Hort den Llinyà, en el conocido como caso Nerer.
Esta permuta permitió hace 20 años permitió a los empresarios hacerse con 50.000 metros cuadrados de suelo industrial y valiosos solares a cambio de la zona verde del Canal Salat.
El auto de los magistrados de la sección primera de la Audiencia admite los argumentos esgrimidos por la acusación particular, en representación del Ayuntamiento, y corrige al juzgado instructor, que había excluido esta operación de las diligencias del caso Nerer.
La Audiencia entiende que “los hechos referidos a la permuta de s’Hort den Llinyà forman parte del mismo conjunto fáctico investigado” en la permuta del solar de ‘la joya de la corona’ por Can Saura Morell, por el que la acusación reclama un total de 48 años de prisión a los investigados y el Ministerio Público, 38.
Los magistrados aprecian “indicios de criminalidad suficientes”, como el hecho “significativo” de que los terrenos permutados en ambas operaciones pasaron a manos de la misma empresa local, Gel-Fux, participada por los hermanos Antoni y Francesc Cavaller y el hijo del propietario de s’Hort den Llinyà.
El auto admite también revocar el sobreseimiento para los socios de Nerer, la empresa que medió en la operación y que, “conocedora de las maquinaciones que se urdían a su alrededor, participó de forma libre y consciente en el negocio”.
El fiscal, que se adhirió al recurso de la acusación, sostiene que el exconcejal Avel·lí Casasnovas “actuó guiado por el ánimo de favorecer los intereses económicos de los empresarios”, que le compensaron a cambio.
Para ello fue necesario, entre otras cosas, tasar a la baja los bienes municipales y contraponer esta “minusvalorización” del suelo público a los terrenos que se le ofrecían.
El caso más llamativo es el de un solar de la zona de Dalt Sa Quintana, incluido en la permuta de s’Hort den Llinyà y que el Ayuntamiento tasó en 714.992 euros, pero fue revendido meses después por Nerer por 1’8 millones, un millón más caro.
Se acusa a Casasnovas de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, mientras que los empresarios se enfrentan a los ilícitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
El recurso del Ayuntamiento es ya el último al que ha dado respuesta la Audiencia Provincial después de desestimar los tres interpuestos por la defensa, que solicitaban el archivo de la causa.
Ahora el expediente retorna al juzgado de Ciutadella para que decrete la apertura de juicio oral, que se celebraría no antes de 2026.
