Las tasas judiciales entraron en vigor en noviembre de 2012, cuando Ruiz Gallardón era Ministro de justicia. El pago de entre 100 o 1.200 euros para poner en marcha la maquinaria judicial pretendía ser un filtro de entrada para una administración saturada. En Menorca, según los datos de las memorias del Tribunal de Justicia de les Illes Balears (TSJB), antes de que se instauraran estas tasas se padecía un bloqueo. Demasiado trabajo acumulado, según decía el juez decano Bartomeu Mesquida.
Pero en 2013 las tasas dejaron de aplicarse a las personas físicas. Ahora, el Tribunal Constitucional ha anulado también la aplicación de las tasas judiciales a personas jurídicas (empresas). El fallo las declara desproporcionadas y asegura que contradice el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La sentencia ha sido unánime y pone fin a unas tasas que nacieron con polémica y que fueron muy contestadas también entre varios colectivos en Menorca.
Según los datos de la última memoria presentada por el TSJB, Menorca fue la isla donde más bajó la cifra de causas pendientes (un 11’5% sobre el 4% de media de Baleares). La mayor plantilla de fiscales y jueces hizo posible este avance pero ahora, sin filtros como el que suponían las injustas tasas y con algunas deficiencias que se reivindican cada año desde la administración de justicia insular, se podría cambiar la tendencia y volver a ver cómo se incrementan las causas pendientes de resolver.
