Según la portavoz de la oposición, María Camps (Junts per Lô), detectaron la concesión de una licencia de obras en un tiempo récord “casualmente” antes de que una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumbara el Plan General de Ordenación urbana (PGOU) del municipio por sospechas de que se había calculado mal el margen de crecimiento urbano del municipio.
Como nota, hay que apuntar que “en poco más de un día se obtuvo el permiso cuando la media está en 81 días. Además, ese expediente involucra directamente los intereses de la propia alcaldesa”. Al ir a estudiar con detenimiento este expediente, no les han dado la ocasión de hacerlo.
La versión de la alcaldesa Coia Sugrañes es otra. Alguien pidió una licencia de obras en el ayuntamiento pero, como no reunía lo que la legislación le exigía, no se le concedió y, como represalia, amenazaron a la alcaldesa y advirtieron que “se servirían de la oposición para dirimir lo que consideraban una injusticia”.
Sugrañes dice tener “la conciencia tranquila”, que es la alcaldesa de todos los vecinos y vecinas de Alaior y que en todo momento siguió “la norma vigente”. Si bien apunta que “la inseguridad jurídica a la que están sometidos todos los administrados es evidente”.
Con un PGOU parado por una sentencia judicial y unas licencias urbanísticas que se conceden en formato exprés, hay un caldo de cultivo apto para esperar nuevos capítulos de este enfrentamiento entre gobierno y oposición. A ver.
