La estadística hecha pública este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestra que Balears sigue siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Las Islas destacan por encima de la media nacional, que es 17, con una ratio de 26,3. A Balears le siguen Murcia, con 21,8 y Comunidad Valenciana, con 21,3 mientras que la ratio más baja se da en Castilla y León, con 10,8 y en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, con ratios ligeramente superiores a once.
Un total de 1.513 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género durante el segundo periodo del año 2017 en Balears, 304 más que el año anterior. A nivel estatal, 40.366 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en el conjunto de las denuncias presentadas en el segundo trimestre de 2017 en España.
Los juzgados de Balears recibieron en el segundo trimestre del año un total de 1.390 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 17,7 por ciento, teniendo en cuenta que se presentaron 1.181 el mismo periodo del año anterior. En 122 de los casos la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Por otra parte, a nivel nacional se recibieron un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone una subida interanual del 18 por ciento; y en 4.263 la víctima no declaró.
En este segundo trimestre del año también se produjo un incremento notorio de las solicitudes de órdenes de protección de las víctimas en las Islas, en 2016 se incoaron 180 y en 2017 se incoaron 247; y en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales, se adoptaron un total de 210 en Balears frente a las 145 adoptadas durante el mismo periodo del pasado año. En el archipiélago se denegaron durante el segundo trimestre de 2017, un total de 36 órdenes y medidas de protección.
Los datos en Balears concuerdan con los del resto de España, a nivel nacional en este segundo trimestre del año se produjo un incremento de más de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección y de más de cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.
