Madrid, 25 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, una nueva declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para 63 comarcas de once comunidades autónomas que sufrieron episodios catastróficos, en su mayoría inundaciones, entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de este año.
Las comunidades incluidas son las de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Región de Murcia.
Los lluvias torrenciales del 30 de septiembre en Ibiza y Formentera y el paso de la dana Alice por la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia entre el 9 y el 13 de octubre son algunos de los fenómenos que han motivado la declaración.
En concreto, entre los días 9 y 13 de octubre de 2025, la dana Alice mantuvo bajo avisos rojo y naranja a varias zonas del litoral mediterráneo peninsular y Baleares, con lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en la Comunitat Valenciana, Baleares, Cataluña y Murcia.
Asimismo, dentro del periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre se registraron diversos incendios forestales en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia e Illes Balears.
En el caso de Baleares, los eventos contemplados son las lluvias intensas del 8 de septiembre en todo el archipiélago, del 21 de septiembre en Mallorca y Menorca; el incendio forestal de Formentera el 23 de septiembre; las inundaciones en Ibiza y en Formentera del 30 de septiembre; el temporal del 8 de octubre en todo el archipiélago; el temporal del 10 de octubre en Mallorca y las Pitiusas; las lluvias de Mallorca y Menorca el 29 de octubre; el temproal en Mallorca el 6 de noviembre y el del día siguiente en Menorca.
Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.
Las personas afectadas han podido solicitar ya las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales y materiales. A partir del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar determinados beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a las corporaciones locales o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura.