En el transcurso de este año, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de la Isla de Menorca ha tramitado 10 expedientes urbanísticos, los cuales se relacionan con diversas infracciones y procedimientos de restitución. Así lo confirma Núria Torrent, consellera ejecutiva jefa del Departamento de Ordenación Territorial y Turística, en declaraciones para Menorca al día.
Sobre el consorcio
Se trata de una entidad pública e instrumental, de carácter asociativo y voluntario, que tiene como finalidad ejercer, dentro del ámbito territorial de Menorca, las diferentes competencias que la legislación vigente en materia de disciplina urbanística atribuye a las administraciones asociadas.
Resumen de la actividad del consorcio en el 2023
Este año se han iniciado 10 expedientes, de los cuales:
- Uno resultó en un expediente sancionador con una multa original de 3.092,33 euros, reducida a 1.855,40 euros tras un reconocimiento voluntario de los hechos.
- Dos correspondieron a expedientes de restitución. Uno de ellos fue iniciado por denuncia municipal, relacionado con el ayuntamiento de Sant Lluís, y aún está pendiente de resolución judicial. El otro, originado en 2007, se reinició tras constatar que la infracción no había prescrito.
- Siete expedientes combinados de restitución y sanción, con uno destacando por su elevada multa inicial de 487.584,51 euros. Otro de estos expedientes contaba con una sanción de inicio de 73.681,11 euros, que fue reducida a 2.285,06 euros tras legalizar las obras. Las demás sanciones oscilaron entre 1.380,68 euros y 60.183,06 euros.
El consorcio ha llevado a cabo 64 actos de inspección en 2023, y ha impuesto 57 multas coercitivas debido al incumplimiento de las órdenes de restitución.
En cuanto a las restituciones realizadas durante el año, se efectuaron un total de 31 en diferentes polígonos de los municipios. Sant Lluís encabezó la lista con 6 restituciones, seguido de Alaior y Migjorn Gran con 5 cada uno, 4 en Es Castell, 3 en Ciutadella, Maó y Es Mercadal, y 2 en Ferreries.
Núria Torrent nos ha explicado que “Sobre la valoración de los datos, hay que recordar que en suelo rustico no se pueden hacer obras que no estén amparadas en licencia. Por lo tanto, si se detectan obras ilegales el consorcio aplica la normativa urbanística de manera estricta, no hay margen de movimiento aquí”.
Sin embargo, destaca que en áreas rurales la situación es diferente: “El PTI prevé zonas rurales donde es posible desarrollar un plan especial para legalizar las viviendas existentes”.