La iniciativa ha salido adelante con los votos de los partidos del Pacte -PSIB, Podemos y Més per Mallorca- y de Més per Menorca, mientras que PP, Ciudadanos, Vox y El Pi han emitido un voto contrario.
Esta ley también contempla gestionar desde Menorca los recursos hídricos, promover políticas conservacionistas, apostar por la implantación de las energías renovables, proteger el medio marino o limitar el acceso de personas a puntos de interés turístico y patrimonial.
Además, la norma estará dotada con 5 millones de euros anuales de financiación, el 75 % de los cuales aportados por el Govern balear.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, se ha atribuido el liderazgo de la ley y ha recordado las dificultades del proceso: “No estaba claro que esta ley llegara a su tramitación y se ha conseguido”.
Ha añadido que se trata de una norma "muy innovadora que otorga a Menorca instrumentos para llevar a cabo políticas en campos especiales como la preservación, el uso racional de los recursos y la gestión del litoral".
Por su parte, la diputada del PSIB-PSOE Pilar Carbonero ha afirmado que esta ley “consolida un modelo menorquín de sociedad y de ordenación territorial” y ha criticado el posicionamiento contrario del PP.
En referencia al principal partido de la oposición en la cámara autonómica, para Carbonero "se ha evidenciado que su falta de apoyo es porque defienden un modelo opuesto, priorizando la economía por encima de la sostenibilidad, curioso cuando en Ibiza este mismo partido pide la limitación de vehículos”.
Además, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, ha reiterado “la importancia de la equidad social, la preservación ambiental y la actividad económica equilibrada”, y ha enfatizado en las posibilidades de la ley para reducir el impacto del turismo en la isla.
El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha advertido que la financiación no está garantizada y que es “insuficiente” para afrontar los retos de futuro. También ha denunciado la “creación de seis nuevos organismos y obliga al Consell a desplegar diez planes, es un desastre para los intereses menorquines y no es innovadora”.
También se ha pronunciado al respecto el diputado de Cs Jesús Méndez, quien ha acusado al Consell de Menorca de querer “legislar a golpe de prohibiciones y el decrecimiento económico de sus habitantes”.
Además, la diputada de Vox Idoia Ribas ha anunciado que su formación derogará esta ley si gobierna en las islas y ha arremetido contra los partidos de izquierda: “Los derechos son para las personas, no para las piedras”.
Antes del debate de esta proposición de ley, el pleno autonómico ha rechazado la propuesta del PP de solicitar un dictamen al Consell Consultiu sobre esta norma para darle seguridad jurídica, con los votos en contra de PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos, y con el voto a favor de PP, Vox, Cs y El Pi.
Respecto a esta cuestión, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha asegurado que la ley requería pedir consejo al Consell Consultiu por su complejidad, sobre todo en materia de competencias y porque aborda cuestiones urbanísticas que considera que deberían establecerse por medio del Plan Territorial Insular que es competencia del Consell y que requiere informes técnicos.
El PP considera que se tenían que preguntar al Consejo Consultivo sobre la posible colisión con la competencia estatal de costas y el régimen sancionador.