El dos de septiembre pasado un Juzgado de A Coruña declaró “la nulidad de la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. Se trata de una sentencia que, en base a la ley, se podía haber dictado, por ejemplo, tras la victoria del PSOE en 1982.
Antes de ayer, siete de noviembre, supimos que los condenados a devolver el Pazo estaban iniciando una mudanza tal que requería medio centenar de camiones. Solo tras conocerse el peligro actuó el Gobierno, y ayer supimos que hoy, lunes, pediría medidas cautelares a la jueza, que las ha dictado acto seguido. Al igual que con el caso de la sentencia, el Gobierno podía haber solicitado las cautelares el mismo dos de septiembre, pero no lo hizo.
Aunque podría, este Gobierno tampoco está haciendo nada para que miles de legítimos propietarios, o sus herederos, recuperen lo que les fue incautado durante y después de la guerra civil a punta de pistola.
Todo esto ocurre porque gobernar España obliga demasiado. Por ejemplo, a que este país siga siendo un río revuelto en el que se lleven la mejor pescada quienes menos escrúpulos demuestran, especialmente si presentan la marca genética del “autoproclamado” o están acreditados como beneficiarios de sus crímenes o de la restauración monárquica. Como negarlo, con lo que ahora sabemos del “emérito”. ¿Debe seguir sin importarnos que el futuro nos saque los colores por la vista gorda, o inviolabilidad consentida, que seguimos practicando en el presente?