El pasado 29 de abril acabó en Nueva York la 13ª ronda de negociaciones sobre el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) entre EEUU y la UE. En el mes de marzo anterior se habían cumplido 3 años desde que se anunciaron el inicio de las negociaciones, cuyo objeto es, según los negociadores, ampliar los mercados de bienes y servicios entre los signatarios con efecto positivo en el crecimiento de la economía y la creación de empleo. La intención de las partes era finalizar estas negociaciones de aquí a finales de año y ratificarlo en el próximo.
Anteriormente, el 25 de septiembre de 2014 acabaron las negociaciones del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) entre Canadá y la UE. Es un tratado con los mismos objetivos y características que el anterior y está en espera de ratificación. El 13 de mayo se reunían los ministros europeos de Comercio con la finalidad de fijar el calendario de esta ratificación mediante su aprobación en el Consejo de Europa y en el Parlamento europeo.
Tanto un tratado como otro han tenido una fuerte oposición por parte de plataformas constituidas específicamente para luchar contra su aprobación y formada por organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y movimientos sociales, al entender que bajo la promesa de mejora de la economía y la creación de empleo se encontraba una peligrosa desregulación normativa que afectaba a derechos tan fundamentales como los laborales, sanitarios, educativos, seguridad alimentaria, culturales y ambientales e incidía en la ya progresiva privatización de los servicios públicos presente en Europa.
Durante los tres últimos años, estas plataformas no han dejado de denunciar la falta de transparencia de las negociaciones del TTIP, muestra de la cual es que ni siquiera los europarlamentarios interesados en conocer los pormenores de las negociaciones por parte de la Comisión europea (competente en temas comerciales) podían disponer de los contenidos de los mismos, pudiendo solo hacer consultas de forma limitada en una pequeña sala del Parlamento a la que no podían acceder con libretas ni material electrónico. La Comisión europea, por su parte, como extraña forma de desmentir estas acusaciones se remite a la información que cuelga de su página web, en la que muestra información genérica de los 24 capítulos que en principio formarían el cuerpo jurídico del tratado pero no el resultado de todas las rondas habidas hasta hoy.
Y en esta situación en la que la Comisión europea habla de oportunidades económicas y de mejora de empleo y la oposición al tratado de pérdida de derechos y de soberanía, aparecen las filtraciones conocidas ya como el TTIPLeaks, filtraciones conocidas a través de Greenpeace Holanda el pasado 2 de mayo. Los documentos filtrados están formados por 248 páginas y abarcan 3/4 de los textos consolidados existentes, un total de 13, y han supuesto desvelar a la opinión pública una información hasta ahora ocultada aunque no por ello resulte sorprendente ya que era lo que se sospechaba desde la oposición al tratado, máxime cuando ya existe un texto definitivo de otro tratado, el CETA, que resulta ser el hermano menor del TTIP, y no por ello menos peligroso, que contempla gran parte de los aspectos que tendrá éste.
Una de las primeras conclusiones que se pueden sacar de esta documentación es la fuerte presencia de los lobbies empresariales, consultados de forma continua por los negociadores, al contrario de lo que indica en sus informes la UE. Esta presencia, de la cual se deriva su enorme influencia, es tan importante que representan cerca del 90% de las reuniones que mantiene la Comisión europea con representantes de los distintos sectores sociales.
Uno de los aspectos más importantes que ya era conocido pero que se confirma es la inclusión de un órgano de cooperación reguladora con el objetivo de “eliminar barreras no arancelarias”. Se trataría básicamente de “armonizar” las normas y regulaciones que existen en los distintos sectores económicos que forman parte de las negociaciones con el objetivo, según la UE, de crear más oportunidades para elevar la calidad de los productos y servicios al tiempo de reducir los costes empresariales, que facilitaría asimismo la creación de empleo y el crecimiento económico. Los sectores en cuestión son seguridad alimentaria y sanidad animal y vegetal (medidas sanitarias y fitosanitarias), productos químicos, cosméticos, productos de ingeniería (eléctrica y mecánica), productos sanitarios, plaguicidas, productos farmacéuticos, tecnologías de la información y comunicación (TIC), productos textiles y vehículos. Para lograr estos objetivos la UE pretende eliminar o reducir lo que denomina “obstáculos técnicos” al comercio y propone que “el TTIP cree un organismo de cooperación reglamentaria, compuesto por representantes de alto nivel de las autoridades de reglamentación de la UE y los EEUU, a fin de establecer las prioridades para el trabajo de cooperación reglamentaria”. Pero en realidad, su función no sería otra que la revisión de la legislación tanto presente como futura promulgada a ambos lados del Atlántico. Su ámbito de actuación abarcaría tanto normas legislativas como no legislativas de nivel europeo o estatal y en el caso de EEUU en el nivel federal o de cada estado. El objetivo de dicha revisión es comprobar que todas estas normas no atenten contra el principio de libre competencia y contra los acuerdos tomados en el marco del TTIP. Las consecuencias evidentes de la creación de este organismo es la práctica puesta en duda de la independencia de los parlamentos nacionales, regionales y del propio Parlamento europeo, en el caso europeo, cuyas decisiones legislativas quedarían supeditadas al refrendo de un órgano no elegido democráticamente y de indudable carácter censor. Es un hecho de gran trascendencia ya que al tener potestad para revisar toda aquella reglamentación que crean opuesta al orden neoliberal tendría capacidad de limitar o directamente suprimir normas que contemplen la defensa de determinados derechos sociales, laborales o ambientales conseguidos tras años de lucha y presión ciudadanas. Esto es lo que la Comisión Europea conoce como un “tratado vivo”, un tratado que pone en marcha un proceso de revisión legislativa continua en el tiempo con el objetivo de eliminar cualquier impedimento normativo que limite las expectativas de negocio de las transnacionales.
Como ejemplos de esta revisión normativa podemos citar que el principio de precaución, uno de los pilares europeos en materia de seguridad para las personas y el medio ambiente y por el que las empresas deben demostrar a la administración que los nuevos productos que elaboran y sacan al mercado no suponen riesgo alguno, podría ser eliminado, según aparece en los documentos filtrados, y sustituirse por un “enfoque de riesgo”, por el que es la administración quien tiene que demostrar la nocividad de tales productos si quiere prohibir su comercialización.
Preocupante también es la que parece claudicación europea ante los transgénicos, denominados por la parte americana “Productos de Tecnología Agrícola Moderna”. La potente agroindustria americana hace tiempo que quiere introducir sus productos en Europa y ha encontrado hasta ahora serios obstáculos para ello, desde la misma prohibición de la mayoría de estos cultivos o su presencia en la alimentación humana o la trazabilidad y etiquetado de los productos. Según los documentos obtenidos, esta regulación europea puede verse notablemente desvirtuada con la introducción de nuevos cultivos y la autorización de su presencia en la alimentación humana bajo determinadas condiciones. No hemos de olvidar, como prueba de las importancia de las multinacionales del sector agroquímico que EEUU no ha firmado el Convenio de la Diversidad Biológica, un convenio mundial garantista que tiene por objetivos la “conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.
Asimismo, y en este caso por presión de la UE, que muestra que el TTIP no supone conflicto entre Estados Unidos y Europa, sino que representa el conflicto abierto en el mundo global entre el poder de los grandes grupos empresariales y financieros y la mayoría de la población, otra amenaza ahora confirmada es el capítulo de la compra pública, protegida en EEUU y que las multinacionales europeas quieren asediar, así como la intención de suprimir aún más los controles sobre el sector bancario y financiero, que provocarían una mayor inestabilidad financiera.
Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en estos documentos no se hace referencia al control climático, es decir no se implementan medidas para situar el tratado en la órbita de los acuerdos de la COP21, ya criticados por muchas organizaciones ecologistas por su insuficiencia y en estos textos ni siquiera mencionados, como podrían ser por ejemplo la regulación de la importación de combustibles altamente contaminantes como el petróleo procedente de las arenas bituminosas o de técnicas invasivas como el fracking. Como especial amenaza para las Baleares las potenciales prospecciones petrolíferas.
Pero también hay cuestiones que permanecen bloqueadas. La negociación sobre el mecanismo de solución de controversias Inversor Estado, el famoso ISDS y su alternativa europea, el Sistema Judicial de Inversión, el ICS, ha demostrado ser particularmente espinosa. No existe sobre este aspecto texto consolidado lo que indica que no ha habido ningún avance en las negociaciones desde el pasado noviembre. Hasta el momento, parece que los EEUU no han aceptado el ICS propuesto por la UE, a la vista del resquemor que en Europa produce este mecanismo.
Tampoco parece avanzar el capítulo de las Indicaciones Geográficas, algo que preocupa especialmente a las Denominaciones de Origen de países como Francia, Italia o España y particularmente a Menorca. El lado americano no parece dispuesto a transigir en lo que llama barreras al libre comercio.
Y tampoco hemos de olvidar que los derechos laborales se verán aún más mermados. Aspectos como la negociación colectiva, el derecho a la libre sindicación pueden verse cuestionados si tenemos en cuenta que EEUU no ha firmado 6 de los 8 convenios fundamentales de la OIT. Cuestionar aún más los derechos laborales significa incidir de forma cruel en la precariedad y en los bajos salarios, con especial significación en el sector turístico del que depende en gran medida el empleo español en general y menorquín en particular.
Finalmente es preciso que tampoco olvidemos la amenaza que se cierne sobre los servicios públicos. Puede suponer, y no hay nada que indique lo contrario, a pesar de las declaraciones de buenas intenciones por parte de la CE, la liberalización definitiva de los servicios con la entrada de nuevas sociedades corporativas en sanidad, educación, atención a mayores, cultura, sistema de pensiones, gestión de residuos, suministro y saneamiento de agua o transportes. Es muy probable que además se adopte el planteamiento, incluido ya en la redacción del CETA, de la lista “negativa”, por la cual todos los sectores de servicios se entregan a la liberalización a menos que estén señalados expresamente como excepciones en ella, en contraposición de la lista “positiva” por la que sólo se liberaliza los servicios comprendidos en ella.
Solo nos queda dar unos breves apuntes sobre el CETA, este tratado ya firmado, pero en el que se introducen pequeñas modificaciones como la última de sustituir el temido ISDS por el ICS europeo, como fórmula de última hora de maquillar un mecanismo muy criticado por muchos sectores incluida la Asociación Europea de Jueces que representa a 44 asociaciones del continente por innecesaria ya que los estados comprendidos en la firma de este tratado y también en la negociación del TTIP ya tienen sus propios sistemas legales perfectamente reconocidos internacionalmente. También ha mostrado su rechazo a este tratado la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), que aglutina a más de ocho millones de trabajadores del sector público, por las consecuencias privatizadoras sobre este sector, la inclusión de cláusulas de protección de inversores o el riesgo de pérdida de derechos laborales.
Si se aprueba el CETA las políticas que desde distintas instancias se están denunciando con relación al TTIP podrían llevarse a la práctica. Una cuestión importante es la que tiene que ver con el control de los servicios financieros. Canadá no estuvo muy afectado por la crisis financiera de los últimos años al disponer de una regulación mucho más estricta que la de EEUU y la de la UE. Con el tratado nuevas disposiciones suavizan o directamente eliminan parte de aquellas regulaciones.
El CETA resuelve que cualquier diferencia en las regulaciones sobre derechos laborales, normas de protección ambiental, reglas sobre seguridad alimentaria o disposiciones en materia fiscal podría ser considerada como un obstáculo para el comercio y por tanto debería ser directamente eliminada. Es decir lo que se pretende suprimir son las llamadas “barreras no arancelarias” como ya vimos con el TTIP que no es otra cosa que un ataque a las competencias legisladoras de los estados, un ataque en toda regla a su soberanía. Utilizarán para esta desregulación el ya conocido Consejo de Cooperación Reguladora, también presente en el TTIP.
Si no se aprueba el TTIP pero se ratifica el CETA, las multinacionales americanas podrán vender sus bienes y servicios a través de sus filiales en Canadá por lo que aquél se aplicará de forma indirecta. Hemos de recordar que el 70% de las multinacionales americanas de sectores tan importantes como la agroindustria, los cosméticos, los energéticos o los químicos tienen presencia en ese país. También el 75% de las grandes mineras mundiales disponen allí de filiales.
Por ello es tan importante hablar también sobre el CETA. El 13 de mayo el Consejo de Ministros de Comercio de la UE se reúne para elaborar el calendario de actos y eventos relacionados con el CETA de cara a su ratificación estimada para finales de año. Aún no ha quedado definido si este acuerdo se consideraría un acuerdo mixto al invadir competencias exclusivamente estatales, y en ese caso, además de por el Consejo y el Parlamento europeo debería ser ratificado por los parlamentos de cada estado. Pero lo que puede pasar es que, entre las ratificaciones de aquellos y la de los estados, se apruebe provisionalmente –algo contemplado en el tratado- entrando en vigor la mayor parte de su articulado, incluido el del mecanismo de resolución de controversias que asegura, mediante una cláusula existente su vigencia durante un máximo de tres años, aún en el caso de que finalmente el tratado no fuese ratificado por la mayoría de los estados.
En resumidas cuentas, TTIP y CETA, CETA y TTIP son dos caras de la misma moneda. Son tratados de libre comercio de nueva generación cuyo único objetivo no es exclusivamente reducir o eliminar aranceles sino fundamentalmente limitar o eliminar todos los “obstáculos” que interfieran en las “leyes del comercio”, que pretenden situarse por encima de la propia democracia, definiendo normas y reglas superiores en derecho a las normativas estatales y europeas, a través de la “cooperación reguladora” y demandando a los estados díscolos que hagan políticas públicas a través de tribunales de arbitraje privados, primando de esta forma esas leyes comerciales sobre cualquier consideración de tipo social, laboral o ambiental.
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