La consellera Marta Vidal fa avui un pas més en el lamentable intent de fer responsable al PTI de problemes originats per l’aplicació d’altres normatives.
En aquest cas la Sentència en la que es basa la reclamació de 22 milions d’euros per part d’un promotor de Cala en Porter evidencia clarament d’on prové “l’error” en el qual es basa aquesta pretensió.
Així la Sentència indica (pàg. 5) s’indica el següent:
…el examen de legalidad no debe proyectarse ahora sobre el PTM, sino sobre la “desestimación presunta de la petición de su modificación,” considerando que es totalmente conforme a derecho que el Consejo Insular rechace la pretensión de modificación del Plan Territorial de Menorca (PTM) para clasificar como suelo urbano la parcela porque, entre otras muchas razones, la Ley de Espacios Naturales lo impide.
També s’hi exposa el fet que el PTI estava obligat a ratificar el que disposava una norma de rang superior com la Llei d’Espais Naturals
…la pretensión de responsabilidad patrimonial en que supuestamente habría incurrido el Consejo Insular de Menorca al clasificar como suelo rústico una parcela que en el PGOU figuraba como suelo urbano, es rechazada por cuanto el PTM, ante la tesitura de dos normas antagónicas respecto a la clasificación del suelo en cuestión y siendo las dos de aplicación directa, vino obligada a aplicar la clasificación que resultaba de la norma de rango legal –la LEN- y por tanto prevalente, añadiendo que esta decisión no generó perjuicio indemnizable al recurrente por cuanto respecto de la reducción de aprovechamientos,
I en la mateixa línia a la pàgina 10 s’hi afegeix
…la “responsabilidad patrimonial” en que supuestamente habría incurrido el Consell Insular de Menorca —que es a la Administración a quien la recurrente dirige su pretensión— al clasificar como suelo rústico una parcela que en el PGOU figuraba como suelo urbano, debe rechazarse porque el PTM venía obligado a aplicar la clasificación que resultaba de la norma de rango legal, la Ley 1/1991, prevalerte respecto de la clasificación contenida en una norma reglamentaria como era el PGOU de 1994, rechazando, por ello, que la ordenación contenida en el PTM —contra el que la recurrente no interpuso recurso administrativo o judicial alguno— provocara perjuicio indemnizable al recurrente…
Així doncs en contraposició al compliment de la legalitat per part del PTI, la Sentència deixa ben clar que ·l’error es trobava al PGOU d’Alaior, la revisió del qual va ser elaborada per un Ajuntament comandat per el Sr Pons Timonier i la Sra Coia Sugranyes i aprovat definitivament el 24 de març de 1994 per el Consell presidit per el Sr Joan Huguet Rotger (PP). I és en aquest error, que segons la Sentència recorreguda, en què es pot fonamentar la demanda:
En conclusión, la revisión del PGOU de 1994 no podía alterar la clasificación de suelo que por la Ley 1/1991 había quedado como suelo rústico de especial protección”, aunque reconoce el derecho del recurrente a ser indemnizado por los daños y perjuicios por el error producido en el PGOU de 1994 ya que “si por error en los plano contradictorios de la Revisión o en la contradicción de algunos de estos y la norma escrita se generó en el recurrente la duda respecto a su correcta clasificación, las consecuencias no pueden ser las de que el Plan Territorial tenga que asumir una clasificación ilegal, sino otras como las que el ahora recurrente pueda reclamar de las administraciones intervinientes en la aprobación de la revisión PGOU/1994 los daños y perjuicios derivados de la confusión provocada por l ilegal revisión. No puede obviarse que las Administraciones codemandadas –incluida el Consell Escolar cuya Comisión Insular de Urbanismo aprobó definitivamente la revisión del PGOU ALAIOR sin efectuar el correcto control de la legalidad- intervinieron en la indebida identificación como suelo urbano de los terrenos y sin duda el propietario podrá reclamar responsabilidad patrimonial en el caso de haber asumido gastos en la confianza de la legalidad der la Revisión del planeamiento municipal
Finalment respecte del termini per reclamar indemnització, la Sentència diu que aquesta pretensió s’havia d’haver dirigit contra el Govern i no contra el Consell
…es artificioso el debate, en el presente recurso de casación, del plazo del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la Ley 1/1991, de Parlamento Balear y la posible caducidad de la acción, ya la pretensión indemnizatoria planteada por la recurrente, además de no plantearse con carácter autónomo, debió dirigirse al Gobierno de la Comunidad Autónoma, no al Consejo Insular.
Així doncs desitgem que, com diu la consellera Vidal, aquesta reclamació tingui poc recorregut. Esperem que la seva opinió com a Consellera d’Ordenació del Territori i advocada sigui molt més encertada que la valoració partidista i interessada que ha realitzat d’aquest cas com a integrant del Grup Popular
