El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido al de la Generalitat, Artur Mas, “diálogo dentro de la ley” sobre todas las necesidades de Cataluña o todas aquellas cuestiones que quiera plantear en el marco de la legalidad, pero le ha advertido de que “primero” debe atenerse a la legalidad y obedecer al Tribunal Constitucional cuando suspenda la convocatoria de la consulta independentista para el 9 de noviembre.
“Mientras yo sea presidente del Gobierno, la ley se va a respetar en toda su integridad”, ha afirmado en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad: contra la ley catalana de consultas aprobada por el Parlamento autonómico y contra el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre firmado por Artur Mas.
Tal y como aseguró en su día el Ejecutivo de Rajoy, la maquinaria del Estado se ha puesto en marcha y esta misma tarde podría reunirse el pleno del Tribunal Constitucional para decidir si admite a trámite los citados recursos. La sesión, de carácter extraordinaria, se da por segura en fuentes judiciales, pese a no existir convocatoria oficial.
En cualquier caso, la decisión del Consejo de Ministros de someter a la consideración del Constitucional la consulta soberanista ha motivado una cascada de valoraciones que van desde la advertencia del PP a Mas sobre las consecuencias “desagradables” de su decisión al anuncio de la Generalitat de presentar alegaciones si el TC admite los recursos -cuyo portavoz Francesc Homs ha calificado de “error de consecuencias mayúsculas”- y suspende cautelarmente el plebiscito, y proseguir en la organización del 9N.
