La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Menorca mantendrá este viernes, a las 17 horas, una reunión con la Dirección Insular de la Administración General del Estado con el objetivo de trasladar su descontento por la sanción que se le ha impuesto a una integrante de esta plataforma y pedir su retirada.
La sanción se refiere a una acción a nivel estatal a la que se sumó este colectivo el pasado 23 de septiembre, consistente en en la entrega de escritos en los juzgados para pedir a los jueces decanos que detuvieran los procesos de ejecución hipotecaria dado que vulneran los Derechos Humanos, tal y como ha denunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el transcurso de aquel acto unas 20 personas que se quedaron en la puerta del Juzgado ya que, a pesar de que llovía, no se les permitió el paso. Entraron de dos en dos a entregar del documento sin alterar el orden público. La Policía no identificó a nadie ni se leyó ningún manifiesto.
Se hizo entrega de los documentos a los juzgados y se retiraron, según remarcan desde PAH, pero una integrante de este colectivo ha sido sancionada con una multa de 301 € por esta acción. El motivo de la sanción- la primera que se impone en Menorca por estas circunstancias- es la acusación de ser ella la convocante de una concentración no comunicada, aunque quien convocaba era la PAH. Ya se han presentado las alegaciones al expediente sancionador, pero aparte de la vía judicial, la Plataforma redactó un comunicado al que se han adherido más de 25 organizaciones de toda Menorca y numerosos particulares, una acción que se quiere reforzar con la reunión en la Delegación Insular de la A.G.E.
La PAH, y las entidades que también acudirán al encuentro -la Federación de Asociaciones de Vecinos de Menorca, Plataforma Defensa Escuela Pública, Entrepueblos, Plataforma Transporte Aéreo, Somos Energía, Maó en Transición, SOS Menorca, CCOO, CGT, STEI, CO.BAS, FAPMI, PSOE, PSM, EU-EM, EQUO, JERC, Podemos, Ahora Maó, Juntos por Lô, Entesa Ferreries y Entesa Mercadal y Fornells- aprovecharán también para expresar su preocupación de cara a las posibles futuras acciones, teniendo en cuenta la inminente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “ley mordaza”, que prevé sanciones muy elevadas por actos de protesta.