La celebración de Sant Antoni, la Diada de Menorca, se produce en una semana en la que el ministro de Economía Luis de Guindos, en un acto celebrado en Palma, apeló a la visión de conjunto para negar a las Islas Baleares un mejor trato fiscal y una rebaja del IVA turístico. La misma semana en que el conseller balear de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, ha dado cuentas en el Parlament sobre los recursos que el Govern ha repartido entre los diferentes Consells insulars, que arrojan para el de Menorca un aumento de la financiación en 2014 por debajo de la de Ibiza.
Una vez más las Baleares ven rechazadas sus demandas para ser más competitivas y enfrentar mejor las necesidades de una comunidad que sufre los efectos de la estacionalidad y la insularidad, una circunstancia que no hace sino aumentar la sensación de agravio comparativo. Una sensación que también existe en Menorca respecto de las políticas del Govern y del trato recibido en comparación con otras islas del Archipiélago. Se podrá discutir si la sensación está justificada o no, pero lo que es indudable es que existe.
En Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en algunas provincias de determinadas comunidades autónomas…De manera recurrente se alzan las voces de gobiernos, empresarios o ciudadanos que claman por lo insuficiente de los recursos que les son asignados. Sus lágrimas se enjugan con desigual resultado, pero parece que en todos los casos, insatisfactorio. Éste es uno de los motivos que late en las aspiraciones nacionalistas catalanas y que trufa los discursos institucionales de jornadas como las de hoy.
Con sus eventuales particularidades, el sistema de reparto de recursos públicos en nuestro país -un sistema que todo el mundo parece encontrar injusto- tiene su fundamento en el principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 138 de la Constitución Española. Este principio pretendía contribuir a un desarrollo homogéneo en el nuevo estado que se perfilaba tras la Transición, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
Entre otros efectos, el despliegue de este principio, alentado por consideraciones más o menos cuestionables, ha supuesto la progresiva creación de infraestructuras que allanan los obstáculos al desarrollo económico, la ejecución de inversiones que, en teoría, permiten a cualquier territorio de España generar la riqueza necesaria. Si esto es así, si el punto de partida es similar, siquiera de manera imperfecta, en cualquier punto de nuestro país, tal vez sería conveniente revisar este principio de solidaridad.
Buscar la fórmula para que siga siendo operativo pero sin originar las disfunciones actuales es indispensable para que cada autonomía se pueda sentir cómoda dentro del conjunto de España, para que en días como el de Sant Antoni no haya que seguir reivindicando un trato más adecuado y sensible a las necesidades y las expectativas de los ciudadanos de un determinado territorio. Y, aunque no lo parezca, hablar de dinero sigue siendo más fácil que hablar de sentimientos, los sentimientos que nos hacen sentir inexplicablemente tan lejos de catalanes, vascos, canarios o extremeños, de mallorquines o pitiusos.
