La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado definitivamente la querella presentada por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Menorca (FAPMA) contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, la ex consellera de Educación, Joana Maria Camps, y el ex secretario autonómico de Educació, Guillem Estarellas. El tribunal entiende que las actuaciones administrativas denunciadas por la vía penal no son constitutivas de los delitos de prevaricación, impedimento del ejercicio de los derechos cívicos y desobediencia, si bien reconoce que pueden ser “tan discutibles como se quiera”.
Según queda recogido en el auto, ni la aplicación de las instrucciones que desplegaban el decreto del tratamiento integrado de lenguas (TIL), ni la imposición de los proyectos lingüísticos en cuatro institutos de Menorca, ni la aprobación del decreto-ley que servía para implementar el trilingüismo, a pesar de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, son decisiones contrarias a derecho. Una consideración que la FAPMI respeta, pero no comparte.
Para el presidente de la FAPM, Josep Castells, “todo el mundo puede ver que, como mínimo, es una perversión de la ley que se dicte un decreto-ley para sustituir una ley que una sentencia había anulado apenas dos horas antes”.
Castells, sin embargo, explica que no recurrirán el auto judicial. “Como nos basamos en un derecho fundamental como es que los padrespuedan intervenir en la educación de sus hijos, la única vía que nos quedaría es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional” y no lo van a hacer.
