Publicitándose sin reparo en las redes sociales, beneficiándose del boca a boca y de la posibilidad de ajustar precios por afrontar menores costas, las personas que tatúan en casa están comiéndole el terreno a los profesionales. Cuestiones artísticas, económicas y, sobre todo, de orden sanitario se mezclan en esta denuncia de intrusismo profesional que confirman las tiendas menorquinas y cuya solución se antoja complicada.
“La calidad artística depende de cada uno pero las reglas del juego deberían ser las mismas para todos”, argumenta un tatuador profesional. Las ‘reglas del juego’ a las que se refiere este profesional implican una titulación de técnico higiénico-sanitario y estar al día con la vacunación de tétanos y hepatitis C, usar tintas homologadas, suscribir un seguro de responsabilidad civil, tener un autoclave o contratar una empresa especializada que retire todos los residuos.
“Como nadie se oculta, es fácil ver internet cómo están trabajando. En casas, donde todo son muebles de madera cuando todo tiene que ser de cristal o acero inoxidable para que se pueda limpiar y desinfectar fácilmente, usando material no desechable que no se protege, que se debería esterilizar, lo que exige un autoclave que tiene un coste inasumible para alguien joven como son la mayoría que trabajan así, incluso sin guantes. Nos preguntamos dónde tiran las agujas y el material sucio”, alertan.
Los tatuadores profesionales sufren por los riesgos sanitarios y también por los clientes insatisfechos de los “amateur” -“nos llegan personas para que les arreglemos auténticos desastres”, afirman-, además de por el perjuicio económico. “Si no pagan alquiler, ni impuestos ni seguro, pueden bajar mucho los precios, trabajos que cobramos a 80 euros, por ejemplo, los hacen por 30. Así, es imposible competir”, se lamentan.
La solución es complicada. Los cursos para aprender a tatuar han bajado espectacularmente su precio, de los 6.000 de antaño a los 300 de ahora, y el acceso a los materiales es más sencillo, antes los proporcionaban distribuidores a tiendas autorizadas y ahora se pueden comprar por internet. Jurídicamente, además, la intervención en un domicilio particular está muy restringido, hay que demostrar que se está llevando a cabo una actividad irregular y que está mediando contraprestación económica.
