Se cierra enero y con él se despeja una incógnita que intrigaba a muchos, la del futuro judicial inmediato de la infanta Cristina, quien, finalmente, sí se sentará en el banquillo de los acusados por su vinculación al ‘caso Nóos’. La Audiencia Provincial de Palma ha desestimado la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ para la hermana del rey Felipe VI y lo ha hecho en un auto distinguido por su solidez jurídica y técnica.
Las magistradas que integran el tribunal han rechazado la aplicación de esa doctrina por dos motivos fundamentalmente. El primero, por entender que, en contra de lo sucedido con Botín, en este caso se está sosteniendo la existencia de unos hechos delictivos a la par que se pretende excluir la responsabilidad de una persona presuntamente implicada en los mismos.
En segundo lugar, sostienen las magistradas que el delito fiscal del que se acusa a la infanta Cristina es “pluriofensivo” y su comisión supone atentar contra “un bien de naturaleza colectiva y no exclusivo del erario”, lo que refuerza el papel de la acusación popular (principal detractora de la aplicación de la ‘doctrina Botín’), con independencia de que el Ministerio Público o la Abogacía del Estado no consideren perjudicados los intereses que defienden.
Aunque respetan la decisión de la Audiencia, el Fiscal y la defensa de la Infanta no la comparten. Subyace en ellos el temor de que se haya querido un auto ejemplarizante a costa del derecho de defensa de Cristina de Borbón, de que se haya primado el interés colectivo sobre el individual. Y quizás sea así, pero ahí está la presunción de inocencia para equilibrar el acento que se habría puesto en el grave perjuicio colectivo- anímico y económico- que las irregularidades tributarias suponen en un país castigado por la crisis y la desvergüenza.
La doctrina jurídica y la jurisprudencia no son inamovibles y el juzgador, aún imparcial, no es inmune al latido de la sociedad española, hastiada de corrupción generalizada y apabullante sensación de impunidad. Asemejarnos a países con un mayor desarrollo del estado del bienestar supone, entre otras cosas, ser mucho menos permisivos con el fraude y asumir una mayor conciencia y corresponsabilidad respecto de lo que supone la Hacienda Pública.
En esa permisividad cero y en esa concienciación son fundamentales la propia Monarquía, que ahora se ve contra las cuerdas y ha optado, lógicamente, por el respeto y la prudencia, y los poderes públicos. El legislativo, el ejecutivo y, por supuesto, el judicial, que debe contribuir con sus sentencias a poner coto a la corrupción, adecuando, desde el máximo rigor jurídico y técnico, sus pronunciamientos a las nuevas necesidades y a una nueva conciencia colectiva más exigente y solidaria.
