Acabamos semana arropados por incertidumbres, entre ellas las que rodean la elección del nuevo gobierno de España y las que se abren con la anunciada derogación de la Norma Territorial Transitoria. Ambas comparten un rasgo común, que no es otro que la dificultad de los distintos partidos políticos en los diferentes niveles de la organización política de dibujar conjuntamente proyectos estimulantes orientados al desarrollo económico y social de nuestro país.
No se desvaneció el viernes la primera de las incertidumbres, motivo por el que necesitaremos más tiempo para que la nueva legislatura se ponga a rodar, y respecto a la otra incertidumbre, si prospera la voluntad del nuevo equipo de gobierno del Consell de Menorca (que está por ver), mucho más tiempo, el que exigen los siempre complicados expedientes administrativos. La cuestión estriba en si, en uno u otro caso, nos podemos permitir esos tiempos, más cuando no acaba de verse muy claro que lo que se haga durante esos tiempos vaya a conducir a un resultado sensiblemente distinto.
En lo que se refiere a la ordenación territorial de Menorca, las dudas se multiplican. ¿Toda vez derogadas las leyes autonómicas que introducían las cuestiones más controvertidas en materia de ordenación y que la Norma Territorial Transitoria pretendió adaptar a la realidad de la Isla, resulta necesario derogar totalmente esta norma. ¿La participación que quiere incentivar el equipo de gobierno insular no es la que puso en marcha y la que atendió el anterior equipo al incorporar las enmiendas de diferente colectivos en el redactado final de la norma? ¿La opinión de estos colectivos habrá variado sensiblemente respecto de 2014 cuando se redactó la NTT?
¿Está más adecuado a la realidad actual de Menorca el Plan Territorial Insular de 2003 que la NTT de 2014? ¿Los criterios que el nuevo equipo de gobierno ha avanzado para el nuevo PTI no comparten mucho del espíritu de la NTT a la que sus detractores reprocharon, precisamente, la amplitud de su contenido, más propio de un PTI que de una norma cautelar, en palabras de algunos de aquellos?
¿La situación ha variado tanto que el trabajo desplegado para la redacción de la NTT no puede tener más allá de un año y media de vigencia? ¿El tan pregonado cambio en la vida política no debería implicar, entre otras cosas, estructuras de gobierno y administraciones más eficaces y eficientes, incompatibles con repetir procesos que, previsibemente, arrojarán semejantes resultados en plazos cortos de tiempo?
Lo dicho, un fin de semana arropado por incertidumbres.
