La sociedad ha ido cambiando y así las dificultades de acceso a la vivienda. Incluso habría quien afirmaría que hoy se pueden definir varias clases sociales en función de cómo abordan su acceso a la vivienda. La segunda edición de las Jornadas de Vivienda aportan en su conclusión una nueva forma de entender el mercado inmobiliario y de las posibilidades de aportar nuevas fórmulas que sean más justas con sus moradores.
Más allá de si alguien es propietario o de si es inquilino, nos apuntamos nuevos perfiles. Por ejemplo el que es propietario pero realmente mantiene una deuda que no puede o le cuesta mucho devolver a una entidad financiera. El que es inquilino pero no cumple con lo que pone el contrato. El que no tiene trabajo y no llega. El que sí tiene trabajo pero no puede costear lo que le piden por una vivienda. Podemos continuar. Ante estas realidades sociales, las legislaciones actuales en España no tienen la capacidad de resolver a tiempo para proteger al más débil.
Las voces que han pasado por estas jornadas nos avisan de realidades como las que están viviendo en Ibiza, desde donde la consellera de transpariencia Viviana de Sans advertía de la situación en la que se encontraban muchos trabajadores de temporada sin techo para dormir. Otra de las voces destacadas era la del investigador en políticas de vivienda Max Gigling, que compartió la visión de países como Francia, Canadá o Alemania y las cooperativas de alquiler. Soluciones consensuadas con una visión cultural muy alejada de la que conocemos aquí pero que funcionan mejor. En algunos paises escandinavos también desarrollan proyectos en los que se fija una “cesión de uso” de las viviendas, como si de un alquiler asequible se tratara, da a la persona o nucleo familiar un hogar que no ahoga -economicamente-.
