El Ministerio de Justicia ha rescindido el contrato de arrendamiento del edificio de Can Saura en Ciutadella que firmó en marzo de 2015 debido a la necesidad de mejorar la actual situación de los juzgados de Ponent y su emplazamiento.
El Ayuntamiento de la localidad menorquina no ha permitido que se lleven a cabo las obras necesarias para su acondicionamiento ni ha presentado las facturas correspondientes a la renta a pesar de haber sido reclamadas en diversas ocasiones, por lo que Justicia no ha podido abonarlas. Por tanto, el contrato de arrendamiento no se ha cumplido habiendo transcurrido más de un año desde su formalización.
Por otro lado, el terreno ofrecido por el Ayuntamiento en el barrio de Santa Rita para la construcción de una nueva sede judicial como alternativa a Can Saura, no puede ser cedido a fecha de hoy dado que está pendiente tanto la expropiación del suelo, como la publicación del planeamiento para la modificación de la parcela para uso administrativo.
Justicia considera que el escrito aportado firmado por dos personas físicas en el que se manifiesta el compromiso de otorgar al Ayuntamiento la escritura pública de propiedad del terreno y la disposición a la ocupación del mismo, no es un documento público ni acredita la titularidad del suelo. Además, entiende que debe ser el Ayuntamiento de Ciudadela la administración competente para autorizar al Ministerio el uso de los terrenos.
Por todo ello, dado que la oferta de suelo en el barrio de Santa Rita no es viable a día de hoy, el Ministerio de Justicia manifiesta su disposición a consensuar con el Ayuntamiento otra alternativa que permita una ubicación definitiva de los órganos judiciales de Ciudadela.
