El Gobierno permitirá a los ayuntamientos incrementar su número de funcionarios en aquellos sectores en los que estimen que necesitan un refuerzo, tal y como se desprende del documento suscrito por el Ejecutivo y por Unidos Podemos tras alcanzar un acuerdo para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, los ayuntamientos cumplidores con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y techo de gasto podrán ampliar su plantilla de funcionarios, en caso de requerir nuevos efectivos, con hasta un ocho por ciento de su tasa de reposición –número de funcionarios que entran a la Administración Pública en relación a los que salen–. Además, en el caso de que los consistorios tengan su deuda financiera amortizada, este porcentaje se elevará al 10 por ciento de la tasa de reposición.
Los municipios que no hayan cumplido con los objetivos de estabilidad, deuda o techo de gasto solo podrán aumentar sus funcionarios en un cinco por ciento sobre su tasa de reposición en aquellos ámbitos que consideren oportunos.
En relación a la propia tasa de reposición, se busca que estas puedan “recuperarse de las restricciones que han sufrido” durante la crisis. Así, las entidades que hayan cumplido el ejercicio anterior los objetivos de estabilidad , deuda y techo de gasto contarán con una tasa de reposición del 100 por ciento. Es decir, podrán reemplazar a todos los funcionarios que dejen o hayan dejado su plaza.
Los ayuntamientos no cumplidores tendrán también una tasa de reposición del 100 por ciento en “los sectores prioritarios”, pero solo del 75 por ciento en el resto.
Policías locales, reposición del 115%
Asimismo, los municipios que hayan tenido que hacerse cargo de más servicios públicos en los últimos años tendrán a su disposición una tasa adicional del cinco por ciento, mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contarán con una tasa de reposición especial del 115 por ciento.
Los ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas podrán dedicar su superávit a la financiación de las escuelas infantiles, al fomento del empleo y a la construcción y rehabilitación de viviendas.
La inversión del superávit de los ayuntamientos cumplidores de la regla de gasto era una reclamación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de las comunidades autónomas con las cuentas saneadas, que pedían la posibilidad de que sus consistorios destinasen su superávit a inversiones sociales.
De esta manera, dentro del catálogo de las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles, se incluirán la mejora de las escuelas infantiles, la promoción del empleo y la construcción y rehabilitación de viviendas.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos prevé que las inversiones iniciadas en 2018 con el superávit de 2017, en el caso de que no terminen de ejecutarse este año, se incorporen a los Presupuestos de 2019 y se financien con parte del remanente de tesorería de 2018.
Compensación por el impuesto de plusvalías
Por otro lado, en el documento se señala que la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana –conocido como impuesto de plusvalías– supuso “una merma considerable de los ingresos municipales”. Por ello, el Ejecutivo y la formación morada ven necesaria “una compensación inmediata, a corto plazo, para hacer frente al impacto económico” sobre los ayuntamientos.
Aunque se subraya también que la “solución real” pasa por un nuevo sistema de financiación, se va a crear un grupo de trabajo conformado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP para compensar la devolución a los contribuyentes a la que los gobiernos locales tendrán que hacer frente por esta sentencia del Constitucional.
Por último, el PSOE y Podemos han acordado incorporar criterios ecológicos en la contratación pública y en la adquisición de alimentos de proximidad. Para ello, el Ejecutivo se compromete a impulsar en los próximos ocho meses una reforma legislativa de los contratos del sector público que favorezca estos objetivos.
