Si finalmente el próximo 5 de noviembre se confirma la Sentencia del Tribunal Supremo, las entidades financieras se enfrentarán a un mazazo económico que puede superar los 4.000 millones de euros, según estima la agencia de calificación Moody’s. Algunos expertos en el sector han elevado incluso esta cantidad hasta los 9.000 millones de euros.
El número de contratos hipotecarios afectados ascendería a 1,1 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos son el número de préstamos que se han formalizado en los últimos cuatro años y por tanto aun no habrían prescrito. Sin embargo, el tiempo para reclamar se agota para todos aquellos que firmaron su hipoteca en el último trimestre de 2014, en este caso hablamos de más de 70.000 contratos. Una cifra que no incluye las novaciones, cambios en las condiciones de las hipotecas, ni los contratos hipotecarios con personas jurídicas.
600 millones de euros en juego para los despachos de abogados
Si tenemos en cuenta que la mayoría de los despachos de abogados cobra, de media, un 15 por ciento del dinero recuperado por sus clientes, en el caso de que consigan ganar los 4.000 millones de euros, que en principio es la cantidad que deberían devolver las entidades, sus honorarios ascenderían a 600 millones de euros.
En las últimas semanas varios de estos bufetes están llevando a cabo campañas de publicidad agresivas con el objetivo de atraer a los afectados por esta sentencia. “Al calor de las demandas para recuperar los gastos de formalización han surgido despachos que, apoyados por grandes campañas de publicidad, que en algún caso puede resultar engañosas, animan a reclamar a los consumidores. Se trata de bufetes relativamente nuevos que apenas tienen actividad más allá de las demandas de gastos hipotecarios y cláusulas suelo”, explica Ileana Izverniceanu, directora de comunicación y de relaciones institucionales de OCU.
En iAhorro han comparado las tarifas de varios de los bufetes de abogados especializados en la reclamación a entidades financieras. De los seis despachos analizados, solo el Reclamador detalla en su web los distintos honorarios que cobran a sus clientes por el proceso judicial de los gastos hipotecarios. En el resto de los casos, para acceder a la información es necesario ponerse en contacto de forma individual con la empresa.
“La especialización puede tener sus ventajas, sobre todo si se traduce en el precio. Pero en ese aspecto los grandes despachos de abogados no son precisamente transparentes, hacen publicidad de sus servicios, pero no informan de sus precios de forma genérica, y eso creemos que no es bueno para los consumidores. Llama la atención que no se puede acceder a sus tarifas y a las condiciones de los pleitos, que se negocien de forma individual cuando se trata de demandas industrializadas”, destacan desde la OCU.
Si comparamos los precios de los grandes despachos apenas encontramos grandes diferencias entre ellos. Al trabajar con un gran volumen de demandas pueden ajustar más sus precios frente al caso de bufetes más pequeños.
“Desde nuestro punto de vista un despacho pequeño siempre puede personalizar más la atención de sus clientes, de modo que no sean un número de un expediente sino una persona con sus circunstancias personales, que siempre serán tenidas en cuenta por el profesional. Además, puede tener la confianza no sólo en un despacho, sino en una persona concreta, ya que siempre será ese mismo profesional en quien confía el que atienda todas sus cuestiones legales”, explica Ainoha Vega, letrada de AveiraAvogados.
La directora de comunicación de la OCU recomienda acudir a los grandes despachos especializados cuando se trata de un tema novedoso que requiere habilidad y experiencia, es decir, cuando hay que crear jurisprudencia. “Ahora bien, cuando se trata de un tema que ya ha llegado al Supremo y donde ya se ha fijado doctrina, y que por tanto la acción judicial a ejercitar por el consumidor es de reclamación de cantidad (algo que podríamos decir residual, o la parte final del proceso), no es necesario un despacho grande, porque será más caro y el trato será menos personalizado. Si se acude a un despacho oportunista, especializado en estas demandas, quizá se gane en precio, pero desde luego se perderá en trato, ya que cada cliente es un número”, matiza Izverniceanu.
Entonces, ¿es mejor hacer la reclamación de forma independiente o acudir a un despacho o a una asociación de consumidores. “Depende del precio y de las condiciones. Nosotros recomendamos comparar siempre las diferentes ofertas y elegir aquella que sea más adecuada, incluidas las de las asociaciones de consumidores que también ayudan a los consumidores a recuperar el dinero pagado de más”, destacan desde la OCU.
Hasta 400 euros de diferencia según el bufete que elijas o según el fallo
En el caso de una hipoteca de 200.000 euros que se firmó en Madrid en 2016, el hipotecado podría reclamar unos 2.250 euros. ¿Me interesa reclamar esta cantidad por la vía judicial?
En el proceso judicial de la reclamación de la hipoteca pueden darse cuatro supuestos. El primero es que el cliente gane y además el juez condene a la entidad a pagar las costas del juicio. En este caso, el más favorable para el cliente, el hipotecado podría pagar hasta cero euros en casos de ir a juicio de la mano de Triviño Abogados. Esta misma operación tendría un coste de 149 euros por la tramitación del papeleo en el caso de Arriaga Asociados si se hiciera de forma online y de 199 euros en el caso de que fuera de forma presencial.
El Reclamador, por su parte, se asegura ganar como mínimo 299 euros. En el caso de que el banco le pague menos de esta cantidad será el cliente quien deberá abonar la diferencia. Los precios más altos los encontramos en el caso de Legálitas o del Bufete Rosales ya que aplican al cliente entre un 10% y un 15% del dinero conseguido. AveiraAvogados cobraría su cliente entre 372 euros y 508 euros, dependiendo de la cantidad reclamada.
Si el cliente gana el juicio, pero es él quien debe pagar las costas el precio del proceso se eleva considerablemente. En este caso, solo AveiraAvogados baja de los 400 euros ya que cobra entre un 10% o un 15% en función de la cuantía recuperada. En este caso, el bufete más caro es Arriaga Asociados; si se ha llevado a cabo todo el proceso de forma presencial y no online.
En el caso de llegar a un acuerdo el Reclamador es el único que no especifica sus honorarios, lo deja en el aire en función de lo acordado entre las dos partes.
Solo Legálitas y Arriaga Asociados cobrarían al cliente en el peor de los escenarios que sería perder el juicio. En el caso del primero, el precio a pagar sería el de la suscripción anual a su servicio. En el caso de Arriaga, el hipotecado deberá asumir el primer pago del procurador y de las costas que podría ir desde los 349 euros hasta los 399 euros.
¿Cree que estos despachos cobran precios razonables o abusivos para los clientes? “En algunos casos se trata de precios claramente abusivos, sobre todo cuando se establecen unas cantidades mínimas a recuperar que va a pagar al despacho. En algunos casos quien realmente sale ganando es el despacho más que el consumidor. También hay que tener en cuenta los intereses de las cantidades a devolver, que en algunos casos suelen ser bastante elevados y van a parar al despacho y no al consumidor. Otro aspecto a veces poco claro son las cantidades entregadas a fondo perdido o sin posibilidad de recuperar si se pierde la demanda”, apunta Ileana Izverniceanu.
¿Qué debería hacer el hipotecado antes de hacer su reclamación?
Antes de iniciar la reclamación, debería informarse de los honorarios de varios despachos de abogados. Además del precio, el cliente también debe sentirse cómodo con las personas con las que va trabajar y más en un proceso tan largo como este.
Desde la OCU nos dan estas recomendaciones: “Lo primero que tiene que hacer el despacho es entregar un presupuesto, algo que curiosamente “olvidan” algunos despachos y es una obligación legal. En el presupuesto o en la hoja de encargo debe incluirse todos los conceptos por los que el consumidor va a pagar. Hay que prestar especial atención a las cantidades entregadas a cuenta o provisiones de fondos, si son o no recuperables en función del resultado del pleito. También hay que determinar los gastos de procurador en todas las instancias del procedimiento. En la hoja de encargo se deben detallar las cantidades a percibir por el despacho, en los diferentes supuestos. El porcentaje de cuota litis, los intereses legales de las cantidades a resolver y especialmente los casos de condena en costas, pues varía sustancialmente un caso de otro. Otro aspecto muy a tener en cuenta es el desistimiento, algunos despachos cobran cantidades muy elevadas cuando el cliente por la razón que sea decide no continuar con el juicio. En todo caso en OCU siempre recomendamos contratar con un precio cerrado para evitar salir de un engaño metiéndose en otro”.
Efectivamente, es muy importante leer bien y entender la hoja de encargo profesional. El consumidor debería tener muy claro aspectos tan importantes como los siguientes: si la provisión de fondos se descuenta de los honorarios finales o no, qué cantidad se recupera en caso de condena en costas, si hay porcentaje de honorarios, saber si se aplica sobre la cantidad solicitada en demanda o la cantidad reconocida en sentencia, etc.
