Cuando la presión social pedía soluciones para los más débiles para evitar que se quedaran en la calle, se creó el conocido como Código Guindos. Era un filtro que permitiría a los más desfavorecidos poder acogerse a una prórroga por la que les garantizaba durante 5 años no perder su casa. Eso ocurrió en 2012 pero se hizo una revisión en 2015.
Las entidades bancarias podían acogerse o no. Las condiciones afectaban a las rentas más pobres y a otros condicionantes como las características de la finca, si había otras personas a cargo en la unidad familiar y otros parámetros similares.
Según Isabel Lozano, portavoz de Obra Social Menorca, la gran mayoría de familias en exclusión residencial de la isla se enfrentaría a la pérdida de su vivienda si se acabara hoy el plazo de este Código Guindos.
El avance de la economía no ha resuelto las dificultades para muchas familias que han cronificado su dependencia a ayudas o subsidios. Las razones son diversas; algún problema de salud, la lenta regularización de deudas, la precariedad del trabajo, nuevos miembros de la familia de los que hay que cuidar. Así, la incertidumbre se cierne sobre estas personas que no saben qué giro pueda tomar en breve su situación frente al mantenimiento o no del techo que disfrutan hoy.
