Mentiría si dijese que me sorprende lo que está pasando en la Me-1, la carretera general de Menorca. Un tiempo ejerciendo como ciudadana y periodista en la Isla me permite poder apelar al equivalente intelectual del “ya te lo dije”, que no es otro que el “ya lo pensé”. Seguro que no fui la única persona que cuando supo de la voluntad política de reconducir el proyecto de la general, anticipó meses de trabajo perdido e ilusiones frustradas.
En esas estamos y no vale la pena darle muchas más vueltas. Como el pasado no se puede cambiar, y parece que la cultura política tampoco -se siguen prometiendo cosas irrealizables- planteo una solución de futuro: los procedimientos administrativos reforzados. Quizás existen, pero a la vista de los mamotretos irreversibles y las muchas controversias como la de la Me-1 que salpican el mapa nacional, diría que no es así.
Estos procedimientos reforzados pivotarían sobre dos ejes: participación ciudadana realmente eficaz y obligación de aprobar por una mayoría cualificada los expedientes de contratación que tengan por objeto servicios e infraestructuras críticas.
Sería deseable que la ciudadanía se expresase siempre en tiempo y forma sobre los temas que le atañen. Siempre es siempre, lo que implica que se movilice con independencia del color político del gobierno de turno, y que lo haga respetando los cauces legales y la decisión que finalmente adopte ese gobierno, a quien el juego democrático ha confiado la ejecución de los asuntos públicos. Es necesario que se articulen esos cauces y se trabaje por fomentar esa cultura de la participación efectiva, subrayo efectiva.
Habiendo escuchado con calma y atención lo que los ciudadanos, asesores, técnicos, juristas…tengan a bien decir, bastaría con creerse lo del consenso y el interés general para adoptar decisiones eficaces, sostenibles y técnica y jurídicamente irreprochables en asuntos de gran calado, como son educación, sanidad, dependencia, ordenación del territorio o infraestructuras públicas.
Pero como ni la participación es realmente efectiva ni la toma de decisiones se basa en el consenso, mucho menos en estos temas críticos y vitales, los procedimientos vinculados a los mismos deberían ser aprobados por el órgano competente con una mayoría cualificada.
Seguramente la discusión y aprobación de los proyectos se alargaría en el tiempo, más al inicio por la falta de costumbre, pero acabaríamos con esta devastadora tendencia de gobernar a cuatro años vista y, a la larga, ahorraríamos tiempo y dinero, además de contribuir a (re)prestigiar la clase política y reforzar la confianza en las instituciones.
