En primer lugar, las diferencias vienen marcadas de origen por los grupos administrativos. Un inspector, por ejemplo, pertenece al grupo A mientras que un policía está en el C.
En este sentido, para Mallorca la indemnización del primer grupo es de 95 euros mientras que del segundo es de 66 euros. En el resto de islas –Ibiza y Menorca– las cifras son 105 (grupo A) y 84 (grupo C). Sin embargo, en Ceuta y Melilla -mismas categorías- la retribución se dispara hasta los 912 euros (grupo A) y 553 euros (grupo C).
En el otro archipiélago, el canario, las cifras varían en función de la isla, teniendo en cuenta la insularidad y doble insularidad: los agentes de Gran Canaria y Tenerife perciben 177 (grupo A) y 119 euros (grupo C) mientras que las islas menores, los números vuelven a crecer de manera considerable: 577 euros extra para grupo A y 335 euros, grupo C.
Fuentes policiales consideran que las “irrisorias” indemnizaciones para los agentes en Balears empeoran el servicio ya que imposibilitan la confección de una plantilla estable y asentada: el alto coste de la vivienda y de la vida “ahuyentan” a todo aquel que quiera establecerse aquí. Los mandos denuncian que se encuentran con policías “de paso”, poco integrados y desconocedores del entorno y las problemáticas de las islas.
Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Balears las diferencias entre destinos suponen un “agravio” y destaca que las actualizaciones de indemnizaciones por residencia deben ser una “absoluta prioridad” durante esta legislatura, especialmente en el caso de Ibiza.
Así lo ha defendido el sidicato durante la constitución del Consejo de la Policía tras las elecciones del 19 de junio. En el encuentro recordaron que la productividad funcional de Ibiza se abonó por primera vez el pasado año pero destacan que ” es un avance insuficiente” y, como muestra, “en este 2019 los efectivos destinados a Ibiza están a expensas de su aprobación y no se sabe cuándo será abonada”.
Otros temas tratados en la mesa constituyente del Consejo de la Policía fueron el abono del tercer tramo de la equiparación salarial o la Ley de Retribuciones, entre otros.
Un artículo de Cristina Suárez.
Pues para ser justos, el salario mínimo para los demás tendrían que subirlo en las islas o bien quitarles a los funcionarios esas bonificaciones.
Coincido con igualdad, la administración deberia asumir el plus por residencia a todos los trabajadores de las islas, o acaso no sufrimos el mismo problema de alojamiento?