Las carreteras, blindadas en Semana Santa – menorca al día
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Las carreteras, blindadas en Semana Santa

Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales incrementan los controles en Menorca para evitar desplazamientos innecesarios y traslados a segundas residencias

Agente de la Guardia Civil.
Agente de la Guardia Civil.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en directa coordinación con las policías locales, han incrementado los controles en las carreteras de Menorca con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y traslados a segundas residencias durante los días de Semana Santa, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente asociada a la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Este pasado martes, la Guardia Civil indentificó a más de 8.600 personas y 8.000 vehículos en los diferentes dispositivos de vigilancia que se activaron en todas las islas. Por su parte, la Policía Nacional y las policías locales supervisaron a miles de conductores y automóviles en los cerca de cien controles que se llevaron a cabo, principalmente, en Maó y Ciutadella.

En la mayor parte de los casos, los ciudadanos acataron completamente las instrucciones de los componentes de las fuerzas policiales y demostraron su respeto por las disposiciones decretadas para frenar el avance del coronavirus entre la población.

FIESTA CON DENUNCIAS AL CANTO EN SANTA EULÀRIA

El balance de la jornada se saldó con 607 actas administrativas tramitadas en Balears por desobediencia y por no observancia injustificada del confinamiento domiciliaria.

Sin embargo, una de las actuaciones más destacadas tuvo lugar en Ibiza, donde la Guardia Civil de Santa Eulària tuvo que acudir de madrugada a un domicilio particular de la localidad de Sant Joan de Labritja donde se estaba celebrando una fiesta. Cinco personas que se encontraban en la reunión fueron objeto del levantamiento de actas administrativas por desobediencia.

Cabe recordar que estas infracciones llevan aparejadas sanciones económicas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.


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