El año maldito del coronavirus

Mallorca registró el segundo caso de Covid 19 diagnosticado en España. Eso ocurría el viernes 7 de febrero de 2020 y el contagio fue confirmado dos días después por parte del Centro Nacional de Microbiología. El paciente afectado resultó ser un ciudadano británico, residente en Marratxí, que acababa de regresar, junto a su familia, de unas vacaciones en una estación de esquí, en Francia, y que a su vuelta a la isla empezó a manifestar síntomas potencialmente compatibles con el coronavirus, razón por la cual contactó personalmente con el sistema público de salud de Baleares y se dirigió por su propio pie al Hospital Universitario Son Espases, donde se confirmó la infección y se le obligó a permanecer ingresado y aislado hasta que se le pudo conceder el alta médica.

Los otros tres miembros del núcleo de convivencia arrojaron un resultado negativo en las pruebas, pero aún así, en cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos a tal efecto, tuvieron que guardar un periodo de cuarentena.

Mallorca registró el segundo caso de coronavirus notificado a nivel nacional, tras la confirmación de un primer contagio en La Gomera

Unos días antes, el 31 de enero de 2020, el Centro Nacional de Microbiología había diagnosticado el primer caso de Covid 19 en España. El afectado fue un turista alemán que se encontraba alojado, junto a otras cuatro personas de la misma nacionalidad, en un establecimiento vacacional de la isla canaria de La Gomera. Todos ellos fueron ingresados y aislados en el Hospital Virgen de Guadalupe y, según pudieron comprobar los responsables sanitarios, el posible foco del contagio partía de un paciente que se hallaba en proceso de afección del coronavirus en Alemania y con el que este grupo de turistas había mantenido contacto antes de su viaje a Canarias. Al igual que en el caso de Mallorca, también el resto de los familiares y acompañantes del positivo diagnosticado dieron negativo en las sucesivas pruebas que se les efectuaron.

COMIENZA LA PESADILLA

Este fue el inicio en España, y también en Baleares, de una pesadilla de la que, por el momento, todavía no se adivina un final preciso, a pesar de que las rápidas investigaciones llevadas a cabo para la obtención de una vacuna que resulte efectiva contra la enfermedad, han permitido que, en esta recta final del año, ya puedan administrarse las primeras dosis de protección, como mínimo en determinados territorios (entre ellos Europa y España, que ha adquirido los productos a través de la Unión Europea, al mismo tiempo que el resto de Estados miembro) y para ciertos colectivos, caracterizados por su mayor vulnerabilidad frente a la infección: personal sanitario, usuarios de residencias geriátricas, y otras personas que, por sus condiciones de salud, presentan no solo un mayor riesgo de contagio, sino también un peligro más acuciante en cuanto a la letalidad de los efectos del virus.

Tras los primeros diagnósticos, pronto se tuvo noticia también de los primeros fallecimientos. En España, el deceso que inauguró la cruenta lista de óbitos por coronavirus tuvo lugar en Valencia, el 13 de febrero de 2020. En Balears, la lúgubre relación de defunciones por Covid se inauguró el 11 de marzo, unos pocos días antes de la declaración del Estado de Alarma. La víctima fue una mujer con patología crónica que había dado positivo en las pruebas de detección y que falleció en el Hospital Universitario Son Espases, donde se encontraba ingresada.

Las primeras dosis de la vacuna tienen como destinatarios los sectores de población más vulnerables

Desde entonces, la pandemia ha causado la muerte, en el conjunto del país, de 48.926 personas, según los datos actualizados el pasado 18 de diciembre, si bien la estadística facilitada por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica incluye únicamente los casos notificados que han sido confirmados mediante una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA), tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid 19. A estos datos se añaden los casos comunicados antes del 11 de mayo de 2020 que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o acabaron en defunción de un paciente con diagnóstico clínico de coronavirus.

En realidad, sin embargo, las estimaciones de los expertos perfilan un recuento aún más dramático, con más de 60.000 fallecimientos desde la irrupción de la pandemia en España, a pesar de que, como ya se ha dicho, algo menos de 20.000 de estas defunciones no han sido confirmadas mediante la prueba de PCR.

FALLECIMIENTOS E INFECCIONES

En Balears, de acuerdo también a los registros comunicados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el pasado 18 de diciembre se habían contabilizado 437 muertes, ocupando las islas el puesto número 15 en el listado oficial por comunidades autónomas de fallecimientos en España. No obstante, este es un dato íntimamente relacionado con el volumen de cada territorio y, como es lógico suponer, las estadísticas de mortalidad están encabezadas por las autonomías con mayor peso poblacional: especialmente, Madrid (11.637 defunciones), Catalunya (8.311) y Andalucía (4.723). Pese a todo, cabe destacar los elevados registros de otras comunidades menos pobladas, como Castilla y León (4.951 decesos por coronavirus), Castilla la Mancha (4.009), Aragón (2.535) y Asturias (1.276).

Las últimas semanas se han caracterizado por un grave repunte de las infecciones en Balears que ha hecho necesario adoptar medidas excepcionales

Más allá de los fallecimientos, España había acumulado, en la fecha de referencia, 1.797.236 casos de Covid 19 desde aquel primer diagnóstico en La Gomera. De estos contagios, 29.423 se notificaron en Balears, si bien con una particularidad agravante que es necesario subrayar si nos ceñimos al archipiélago: 3.890 de estos positivos se habían comunicado en los últimos 14 días, y 2.229 en la semana más reciente. A causa de estos datos, las islas, que desde la aparición de la pandemia se habían movido en unos registros de infecciones más benignos que los de la mayor parte de territorios del Estado, han visto dispararse su tasa de incidencia acumulada, en la recta final de este funesto 2020, hasta los 338,42 a los catorce días y 193,92 a los siete, las cifras más elevadas de todo el país, cuya media era, en este recuento, de 214,12 y 120,33 casos, respectivamente.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Esta preocupante escalada de diagnósticos, cuya proporción es desigual según la isla de la que se trate, ha obligado a la Conselleria de Salut i Consum a adoptar medidas excepcionales en estas fechas navideñas, al menos en el caso de Mallorca, que ha recogido el testigo de Ibiza en cuanto a la tendencia al alza de los contagios. El acceso a la fase 4 del semáforo Covid, considerada de riesgo máximo de transmisión del coronavirus, supuso introducir, en un primer momento hasta el 28 de diciembre, limitaciones importantes en Mallorca: número máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares, cuyos participantes han de pertenecer, además, a uno o dos núcleos de convivencia; prohibición de servir a los clientes en las zonas interiores de bares, cafeterías y restaurantes, y fijación del toque de queda a las 22 horas incluso en las jornadas más señaladas de las fiestas (24 y 25 de diciembre), para las que, antes de la aplicación de estas disposiciones, se ofrecía un margen más flexible que terminaba a las 1.30 de la madrugada.

No obstante, en este final de año, Balears no es de las Comunidades Autónomas que registra una mayor carga de presión asistencial en sus equipamientos hospitalarios, y, de hecho, así ha sido en el transcurso de toda esta crisis sanitaria en España. A nivel nacional, se han producido 204.174 ingresos, de los que 2.724 han tenido lugar en Balears, donde en este último tramo de 2020 permanecían hospitalizados 288 enfermos con Covid 19, de los que 57 recibían atención médica en una UCI.

Ninguna otra Comunidad Autónoma ha realizado, proporcionalmente más pruebas de detección de la Covid que Balears

Otro aspecto que ha caracterizado la evolución de la pandemia en las islas es la apuesta clara de la Administración sanitaria por potenciar la realización de pruebas de detección. En este punto, Baleaes ocupa el primer lugar del ranking nacional, siempre según esta última actualización de datos, con un total de 31.888 pruebas (23.144 PCR y 8.744 test de antígenos), y una tasa de positividad del 8,07 por ciento, inferior al 8,22 por ciento estatal. Teniendo en cuenta que en el conjunto de España se han practicado 826.014 pruebas (519.813 PCR y 306.211 test de antígenos), el resultado que se desprende es que la estrategia de detección en Balears ha sido la más ambiciosa y prolífica de toda España, con una media de 2.774,17 pruebas por cada 100.000 habitantes frente a la cifra nacional de 1.756,52.

ESTADO DE ALARMA

En la denominada ‘primera ola’, que abarcó el periodo comprendido entre la confirmación de los casos iniciales de la pandemia y las semanas anteriores al verano, momento en el que se detectó una disminución de la incidencia que permitió recuperar algunos de los hábitos sociales restringidos hasta entonces, la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla y León y Castilla la Mancha eran los territorios españoles con un mayor índice de contagios. De hecho, Madrid acumulaba casi el 30 por ciento de los diagnósticos de todo el país.

La situación empujó al Gobierno central a anunciar, el 14 de marzo, la primera declaración del Estado de Alarma por un espacio de quince días. Esta medida sin precedentes en las últimas décadas suponía, en la práctica, instaurar el confinamiento de los ciudadanos en sus casas, de las que solo podían ausentarse por motivos justificados, como el desempeño de labores profesionales consideradas ‘esenciales’, efectuar la compra de medicamentos y productos de primera necesidad en tiendas y supermercados, el cuidado o la atención de personas discapacitadas o gravemente enfermas, o pasear a la mascota durante un número determinado de veces al día, entre otras muchas medidas.

El Gobierno anunció el 14 de marzo la declaración de Estado de Alarma, que supuso instaurar el confinamiento domiciliario de los ciudadanos

A resultadas de estas directrices, las clases en colegios, institutos y universidades se suspendieron; las competiciones futbolísticas debieron interrumpirse; los comercios tuvieron que bajar la persiana; los viajes y desplazamientos se vieron limitados de forma notable, circunstancia ésta última especialmente reseñable en un territorio de marcado carácter turístico como Baleares, y, en general, la actividad económica sufrió un abrupto parón que empezó a provocar, a borbotones y sin freno aparente, la ruina de negocios, la desesperación de los autónomos, el colapso de los diferentes sectores productivos, y muy especialmente el turismo, la restauración y la hostelería, y la pérdida incesante de puestos de trabajo.

Para combatir esta otra ‘epidemia’, la económica, el Gobierno puso en marcha medidas específicas como los ERTE y los créditos en condiciones asequibles para las empresas, de la mano de un remanente económico que, en buena parte, ha basado su viabilidad en la obtención de los fondos europeos arbitrados por la UE, no antes de salvar la oposición de algunos de los socios menos dispuestos a recurrir a la caja común como salvavidas de una situación cada día más angustiosa.

DESESCALADA Y NUEVA NORMALIDAD

El Congreso de los Diputados llegó a autorizar hasta en seis ocasiones la prolongación del Estado de Alarma hasta la finalización oficial de esta medida oficial, el 21 de junio de 2020. No obstante, ya en las semanas anteriores, algunas de las limitaciones habían sido progresivamente flexibilizadas dentro del proceso que el Gobierno optó por denominar el ‘proceso de desescalada’ que, a su vez, debía confluir en otra situación recién acuñada para la ocasión: la ‘nueva normalidad’.

La fase de desescalada no fue simétrica en los diversos territorios autonómicos sino que obedeció a la evolución de los datos epidemiológicos

La desescalada no corrió a la par en todas las Comunidades Autónomas. La Administración fue otorgando el permiso para avanzar a fases menos restrictivas en función de los datos epidemiológicos de cada territorio. En este sentido, Baleares se benefició de una estadísticas de incidencia que en aquellos momentos presagiaban una salida de la crisis más rápida y acelerada que en otros territorios, hasta el punto de que las previsiones más optimistas apuntaban a que, después de haber tenido que renunciar al inicio de la temporada turística, que en el archipiélago comienza a partir de las fechas de la Semana Santa, Baleares podría, al menos, aprovechar una parte de los meses más álgidos de la actividad vacacional.

Fruto de esta expectativa, las islas se convirtieron en la primera Comunidad española en recibir a una pequeña comitiva de visitantes extranjeros a través del establecimiento de ‘corredores seguros’ con Alemania, cuya situación epidemiológica no era en aquel momento muy diferente a la de Baleares. Posteriormente, el recrudecimiento de las cifras de contagios, a partir de mediados del mes de julio, obligó, tanto en el archipiélago como en otros puntos turísticos de la geografía nacional, a renunciar definitivamente a la temporada alta de 2020.

MASCARILLAS OBLIGATORIAS

En la ‘nueva normalidad’ anunciada por el Gobierno cobró una relevancia inusitada un elemento de protección contra la Covid 19 que, a medida que ha ido transcurrido este infausto año, se ha ido asentando en la cotidianidad social, y en el entorno individual y colectivo de la población: las mascarillas. La posición de la Administración era tajante al respecto: cualquier actividad que se realizara fuera del hogar, o incluso dentro del núcleo de convivencia, exigía el uso de mascarillas, llegando incluso a instaurar un precio único, de poco menos de un euro (más adelante esa tarifa se reduciría aún más) en el caso de ciertas tipologías de mascarilla, concretamente las de uso quirúrgico, que, según los expertos sanitarios, pueden ser utilizadas una sola vez y durante un período máximo estimado en cuatro horas. Transcurrido este tiempo, han de ser desechadas.

Desde el pasado 21 de mayo, el uso de mascarillas es obligatorio en España. Antes de esa fecha, los responsables sanitarios se habían resistido a aconsejar fehacientemente su utilización

Las mascarillas pasaron a ser obligatorias para todas las personas mayores de seis años, a partir del 21 de mayo. Sin embargo, el mensaje del Gobierno en relación a este producto no siempre había transitado por el mismo sendero. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que se ha erigido durante este tiempo en el portavoz oficial del Ministerio de Sanidad en relación a la evolución del coronavirus en España, había minimizado, en una de sus primeras comparecencias informativas, la utilidad de la mascarilla como elemento de protección frente a las infecciones. Más tarde, el 20 de mayo, Simón reconoció que ese posicionamiento inicial había venido motivado por la escasez de este artículo en las farmacias y establecimientos del país, y argumentó que no podía decretarse la obligatoriedad de un producto que, en ese momento concreto, los ciudadanos no podían adquirir fácilmente.

De hecho, a partir de la constatación de una creciente necesidad de mascarillas por parte de la población, tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas comenzaron a acelerar la compra de este objeto en los mercados en que existía mayor disponibilidad, especialmente el asiático. Estas transacciones comerciales no estuvieron exentas de polémica, ni en España ni tampoco en Baleares.

CONTROVERSIAS

A nivel nacional, se confirmó la adquisición de un lote de mascarillas que no reunían las suficientes garantías de seguridad, mientras que en las islas se relacionó una de las operaciones con determinadas intermediaciones que, posteriormente, fueron cuestionadas por parte de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Recientemente, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, ha afirmado que en esas circunstancias el Govern recurrió a cualquier posibilidad que le ayudara a negociar en un mercado tan inhóspito y desconocido como el asiático con la mira puesta en la provisión rápida y urgente de mascarillas, tanto para el uso particular como para que pudieran ser facilitada al personal sanitario que se estaba jugando literalmente la vida, a diario, atendiendo a pacientes confirmados y sospechosos de estar contagiados, sin disponer de suficientes elementos de protección individual.

La celebración de convocatorias masivas antes del 14 de marzo ha constituido uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la Covid

Este no ha sido el único punto que ha generado disconformidad o debate a la hora de valorar y analizar las actuaciones de las diversas administraciones en el ámbito de contención de la pandemia en España. El 7 de marzo, a preguntas de los periodistas, Fernando Simón restó importancia a los contagios que ya entonces se estaban acumulando en el país, y aseguró que él, particularmente, no recomendaba “nada, a nadie”, en referencia a si era conveniente participar en grandes concentraciones o movilizaciones como las que habían sido convocadas al día siguiente, 8 de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer.

Apenas una semana después de que Simón pronunciara estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el confinamiento indiscriminado de los ciudadanos, y éste ha sido, más que probablemente, junto a los cambios de criterio sobre el uso de las mascarillas, uno de los aspectos más controvertidos de la actuación del Ejecutivo en la actual crisis sanitaria.

Algunos de los países que posteriormente han encabezado la incidencia de contagios se mostraron escépticos en torno a la gravedad de la crisis sanitaria

También las decisiones de gobiernos de otros países han sido abiertamente cuestionadas. En Estados Unidos, el todavía presidente, Donald Trump, tardó muchos meses en reconocer la gravedad de la situación, a pesar de estar al frente del país más castigado por el coronavirus, tanto en número de casos como de muertes. Muy parecido ha sido el mensaje lanzado por el presidente Jay Bolsonaro desde otro de los territorios más afectados, Brasil, sin olvidar la negativa inicial del Gobierno de Reino Unido, liderado por Boris Johnson, a adoptar medidas contundentes contra la Covid 19. Johnson, al menos, ha cambiado radicalmente su estrategia: de abogar por la continuidad sin casi restricciones de la vida social y económica, ha pasado, en estas últimas semanas, a decretar el confinamiento duro de sus compatriotas. Curiosamente, tanto Trump como Bolsonaro y Johnson formaron parte, en su momento, de las estadísticas de personas contagiadas.

“HEMOS VENCIDO AL CORONAVIRUS”

En España, hubo otro frente de controversia. Con la curva del coronavirus claramente decrecida y la progresiva instauración de la ‘nueva normalidad’, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró públicamente que se había “vencido” al coronavirus. No era así, ni mucho menos, y esas manifestaciones triunfalistas del jefe del Ejecutivo no han sido ajenas, según algunos sectores de opinión, a la laxitud con la que una parte de los ciudadanos españoles encaró la nueva fase de la pandemia.

La cuestión es que, en el transcurso del verano, el Ministerio de Sanidad empezó a confirmar, prácticamente a diario, rebrotes activos de coronavirus en diferentes puntos del país, y también, aunque en menor medida, en Balears. El titular del departamento, Salvador Illa, trató de tranquilizar a la población indicando que estos nuevos casos no incidían gravemente en la situación epidemiológica general en tanto no se transformaran en contagios de transmisión comunitaria. Desgraciadamente, poco después se comprobó que este tipo de transmisión entre territorios diferentes era ya una realidad, y, más allá del verano, a mediados de octubre, se superó la cifra emblemática del millón de diagnósticos confirmados por PCR.

A medida que fue transcurriendo el verano, la aparición de nuevos brotes, que acabaron transmitiéndose de forma comunitaria, echó por tierra la esperanza de una rápida recuperación

De nuevo, la curva de las infecciones estaba alcanzando dimensiones preocupantes, y el Gobierno optó por decretar, el 25 de octubre, un nuevo Estado de Alarma, si bien con una clara diferenciación respecto al mes de marzo: si en ese momento, la Administración central se había erigido en ‘mando único’ en cuanto a la gestión de la pandemia en todo el territorio nacional, en esta nueva etapa el gabinete encabezado por Sánchez decidió delegar en las Comunidades Autónomas las medidas que debían ponerse en marcha a partir de la evolución de los datos epidemiológicos en cada territorio.

CIERRES PERIMETRALES

A su vez, cada gobierno autonómico, ha ajustado las diferentes limitaciones a las cifras contabilizadas en sus diversas áreas geográficas. En Baleares, el punto que, en primer lugar, concretamente en septiembre, acogió las medidas más restrictivas fue Palma, con la fijación del cierre perimetral de algunos de sus barrios, como Son Gotleu, Son Canals, Soledat Nord y Can Capes, a los que más adelante se añadió el área poblacional de Arquitecte Bennàssar.

Esta medida supone la imposibilidad de los residentes en estas zonas de abandonar la superficie perimetrada, a la vez que los vecinos de otros núcleos también se ven imposibilitados de acceder a las mismas. Ya en noviembre, el Govern que preside Francina Armengol adoptó medidas similares en diversos municipios de la part forana: primero en Manacor (aunque tan solo en la ciudad, no en las zonas periféricas), y después en sa Pobla, Sóller, Muro y Lloseta.

Fuera de Mallorca, Ibiza se erigió, inicialmente, en la isla donde recayó la mayor parte de las restricciones debido a su peor situación epidemiológica. Estas disposiciones obraron el efecto de mejorar, en unas cuantas semanas, las estadísticas sobre infecciones en el territorio pitiüso, pero, ya a punto de comenzar el mes de diciembre, la alarma se extendió a Mallorca y, en menor medida, a Menorca y Formentera. En el caso de Mallorca, como ya se ha dicho, permanece vigente la fase 4 de riesgo extremo, y las previsiones de la Conselleria de Salut apuntan a que estas directrices sanitarias deberán aplicarse más allá del 28 de diciembre, fecha fijada para la revisión de estas medidas.

El Govern ha optado por cierres perimetrales en determinados municipios y localidades, y en el caso de Palma en algunos de los barrios con más infecciones

INCIDENCIA INTERNACIONAL

Según los datos actualizados el pasado 16 de diciembre, la pandemia ha afectado a un total de 254 países, englobando a todos los continentes, y con un número de casos que roza los 74 millones de personas. Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Francia lideran la tasa de infecciones, y los tres primeros territorios citados se hallan también a la cabeza en el recuento de defunciones, seguidos por México e Italia. En conjunto, desde que apareció la pandemia, 1,6 millones de ciudadanos han perdido la vida a causa de la Covid 19 y otros 52 millones han logrado recuperarse de la enfermedad. En la actualidad, Estados Unidos, Francia, Brasil, Italia y Bélgica presentan las peores estadísticas en cuanto a casos activos.

Sin embargo, estos son solo los números oficiales. Dado que muchos procesos de coronavirus cursan de forma asintomática y, en consecuencia, no tiene lugar su detección, la Organización Mundial de la Salud (OMS) valora que la cifra de contagiados en el mundo se acerca ya, en estos momentos, a los 780 millones.

Estados Unidos, Francia, Brasil, Italia y Bélgica presentan las peores estadísticas en cuanto a casos activos

Los diferentes gobiernos han adoptado medidas y estrategias similares para combatir la propagación del virus, si bien, como ya se ha expuesto anteriormente, existen algunas excepciones. El cierre de comercios, la parálisis de la actividad económica y la interrupción de las clases docentes (2.200 millones de estudiantes se han visto privados de asistir presencialmente a las aulas, en diferentes periodos) han constituido las restricciones más habituales, junto al confinamiento de las poblaciones. Esta última restricción, sin duda la que más diferente afecta a las vidas de los ciudadanos, ha sido impuesta, desde principios de este año, también en momentos diversos, a un tercio de los habitantes del planeta.

LA COVID EN EL SECTOR SANITARIO

Los profesionales sanitarios se han convertido en los grandes aliados de la población en la actual crisis de salud. Su compromiso y abnegación, junto a su formidable vocación de servicio público, les han hecho acreedores del cariño y el afecto de los ciudadanos, quienes, durante todo el periodo de confinamiento en España, les dedicaron cinco minutos diarios de aplausos, desde las terrazas de sus casas, en reconocimiento no solo a su tarea, sino muy especialmente a las dificultades con que han debido acometerla, sin olvidar el riesgo que el ejercicio de su profesión está suponiendo para sus propias vidas.

De hecho, los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, actualizados a finales del pasado mes de noviembre, apuntan que más de 86.000 trabajadores de hospitales, centros de salud y otros equipamientos asistenciales españoles han enfermado de coronavirus en el transcurso de la pandemia, mientras que, al final de la segunda ola, se habían contabilizado 63 fallecimientos en los diferentes sectores de este colectivo. Con estos datos en la mano, el 5,28 por ciento de los contagios notificados en el conjunto del país corresponden, por tanto, a los trabajadores de la salud.

Los cinco minutos diarios de aplausos a los sanitarios por parte de los ciudadanos se han convertido en una de las imágenes más características de la crisis de la Covid

En otros territorios, la situación de este grupo profesional ha sido más benigna, con algo más de 30.000 sanitarios infectados en Francia e Italia y todavía menos, concretamente 15.000, en Alemania. De hecho, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha alertado de la circunstancia de que los casos de Covid 19 entre el colectivo sanitario español dobla las cifras de los territorios europeos de su entorno.

MUERTE Y ENFERMEDAD EN LAS RESIDENCIAS

El impacto del coronavirus en las residencias geriátricas ha sido verdaderamente demoledor. Las últimas estadísticas actualizadas en España superaban ya las 24.000 infecciones en estos centros, distribuidos tanto en equipamientos públicos como privados o concertados. Al mismo tiempo, el 48,3 por ciento de los fallecimientos notificados oficialmente por parte del Ministerio de Sanidad se han producido entre personas mayores internadas en residencias.

La pandemia ha castigado con dureza a los usuarios de las residencias geriátricas y a sus profesionales y cuidadores

Madrid, Catalunyaa, Castilla-León y Castilla la Mancha encabezan este siniestro ránking, aunque Balears tampoco ha sido ajena a esta situación, habiéndose visto obligado el Govern autonómico a intervenir directamente los centros donde se acumulaba un mayor contingente de casos. En la actualización facilitada por la Conselleria de Salut el pasado 19 de diciembre, 135 usuarios de residencias permanecían como brotes activos de Covid 19, y de ellos 106 se hallaban hospitalizados. En el conjunto de la epidemia, 209 internos han fallecido, a la vez que 84 profesionales y cuidadores han sido, a su vez, diagnosticados de coronavirus.

TRATAMIENTO, PROTECCIÓN Y CURACIÓN

Desde el momento en que se hizo oficial la declaración de la pandemia del coronavirus, las máximas preocupaciones de los responsables sanitarios han sido, por una parte, la prevención y el control en la transmisión de casos, y, por otro, la protección completa e integral de la población.

Ante la constatación de la inexistencia de fármacos o tratamientos capaces de asegurar la curación de los pacientes con Covid 19, campo en el que solo determinados antivirales, como el remdesivir, el único medicamento contra el coronavirus aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), han demostrado algunos resultados plausibles, la atención de la comunidad científica internacional se ha centrado en la obtención de una vacuna que pudiera reunir, al menos, dos requisitos indispensables: garantizar la seguridad del perceptor evitando efectos secundarios adversos, y la eficacia en la recuperación del paciente.

El año 2020 habrá concluido con la administración de las primeras dosis de la vacuna, en cuya obtención se han implicado laboratorios de todo el mundo

Los laboratorios empezaron a trabajar a marchas forzadas, prácticamente desde el inicio de la emergencia sanitaria, en la fabricación de la ansiada vacuna, y, con el año 2020 a punto de expirar, los primeros resultados de tota esta ingente tarea se hallan ya a la vista. Diferentes laboratorios de países diversos se han enfrascado en este proyecto, casi en régimen de competencia directa entre ellos, y le han dedicado todos los recursos que tenían a su disposición.

El resultado más directo de todo este proceso de búsqueda es que en territorios como Estados Unidos y Reino Unido ya han comenzado a administrarse las primeras dosis, y que en España la campaña de vacunación se iniciará el 27 de diciembre, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. De hecho, esta es también la fecha señalada para comenzar la aplicación de la vacuna en todos los países de la Unión Europea, que ha adquirido las unidades vacunales de forma conjunta y se ha puesto de acuerdo, también, en compartir un mismo día de inicio de la campaña.

En un primer momento, la OMS se mostró mucho más pesimista. Sus dirigentes consideraron poco probable que la vacuna estuviera lista para su administración antes de que hubiera transcurrido un año y medio de la declaración de la pandemia. Este cálculo situaba las previsiones de obtención de la vacuna a mediados de 2021. Sin embargo, pronto empezaron a comunicarse avances notables en las investigaciones. Así, el pasado mes de julio, ya había 218 candidatos a vacuna que se encontraban en fase de desarrollo, aunque ninguno de estos aspirantes había abordado todavía la etapa de los ensayos clínicos.

LA GUERRA DE LAS VACUNAS

El 11 de agosto, Rusia dio el primer golpe de efecto, cuando su máximo dirigente, Vladimir Putin, anunció el registro de la primera vacuna contra la Covid, desarrollada por el Instituto Gamaleva y denominada Gam-Covid-Vac. Paralelamente, la candidata auspiciada por la Universidad de Oxford, de la mano de AstraZeneca, ganaba enteros en la carrera por presentar la primera vacuna contra la Covid.

Sin embargo, la primera información suficientemente contrastada y fidedigna no se produjo hasta el 9 de noviembre, cuando la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer comunicó la fabricación de una vacuna efectiva en el 90 por ciento de diagnósticos de coronavirus, elaborada con la colaboración de la empresa alemana de biotecnología BioNTech.

Los fabricantes de la nueva vacuna han rivalizado a la hora de adelantar el anuncio oficial de esta producción y la efectividad de los productos

Apenas una semana más tarde, también desde Estados Unidos, la compañía Moderna realizaba un anuncio público de similares características, cifrando en el 94 por ciento la efectividad de su vacuna. Aún así, el primer producto que recibió la aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para su distribución en Reino Unido fue la de Pfizer. Eso ocurría el pasado 2 de diciembre.

De hecho, Reino Unido se convirtió en el primer del mundo en autorizar la vacuna de Pfizer/BioNTech, y su ministro de Sanidad, Matt Hancock, aseguró que las primeras 800.000 dosis iban a estar disponibles a partir de la segunda semana del mes. Entretanto, en Estados Unidos, según los datos facilitados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se habían administrado ya algo más de 270.000 dosis el pasado 18 de diciembre.

En España, y también en Balears, todo parece estar preparado para el inicio de la campaña de vacunación, cuatro días antes de que 2020 toque a su fin. Al igual que en otros países, el criterio será administrar las dosis por fases y colectivos, priorizando, en primer lugar, los colectivos más vulnerables frente a los efectos de los contagios.

(Un informe de Joan F. Sastre)