Es realmente una lástima que en el borrador del nuevo Plan Territorial Insular, no se esté dando la opción a los propietarios de viviendas en rústico, la posibilidad de alquilarlas para poder contribuir al costoso mantenimiento de estas fincas y así evitar, en definitiva, que acaben siendo vendidas a la larga, como ha venido ocurriendo con demasiada frecuencia ésta última década.
En el artículo 56 de la normativa del PTI que se ha aprobado inicialmente, se excluye totalmente el suelo rústico de la posibilidad de comercializarlas turísticamente, negando a los propietarios la posibilidad de generar unas rentas económicas ligadas al turismo que representan un balón de oxígeno para contribuir a su pervivencia en una época donde las rentas agrarias, no son suficientes.
Desde AGRAME hemos formulado una alegación en este sentido porque entendemos que se trata de un perjuicio que choca directamente con aquel interés general de preservar uno de los mayores atractivos que tiene Menorca que no es otro que los espacios naturales y el campo menorquín. Rompe, entre otros, con la tradición de poder ofrecer a las familias menorquinas la posibilidad de disfrutar del campo, como ha sucedido toda la vida, cuando se decidía alquilar durante un fin de semana una finca para uso y disfrute.
Hablamos de fincas que pagan sus impuestos como cualquier otra propiedad, y que, en este caso, no se les permite acceder a participar mediante el alquiler turístico, de esta percepción de rentas turísticas que parece solo permitido a unos cuantos. Somos un destino turístico, queremos seguir siéndolo, estamos todos contribuyendo a su preservación, a su mejora, al beneficio común, pero se impide que nuestras explotaciones agrarias participen de esta realidad.
