“El precio del alquiler de viviendas se ha disparado en los últimos años en España. Por su parte, las Islas Baleares siguen siendo la segunda comunidad autónoma del Estado con una media de precios de alquiler más elevada y Palma la cuarta capital de provincia con alquileres más caros.”.
Este es el motivo por el que la formación Més per Menorca propone la regulación de los precios de vivienda presentando enmiendas al “proyecto de ley decreto ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda”. Además, estas enmiendas modifican la ley de vivienda de las Islas Baleares (LHIB) para introducir la regulación del régimen de contención de las rentas del alquiler.
Explican que “esta modificación legal está inspirada en la Ley catalana 11/2020, que introduce un régimen muy similar para limitar los precios del alquiler de viviendas. Ahora bien, como que esta ley ha planteado dudas de constitucionalidad, proponemos, además de la introducción de este régimen en la ley de vivienda de las Islas Baleares, una proposición de ley para modificar la ley estatal de arrendamientos urbanos (LAU ), a fin de dar seguridad jurídica y cobertura constitucional al régimen de contención de los precios de alquiler“.
La diputada de Més per Menorca, Patricia Font, ha defendido que “la crisis provocada por la pandemia del Covidien-19 ha hecho más urgente la necesidad de adoptar medidas para hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos. En Madrid hace años que PSOE y Podemos discuten sobre cómo abordar esta cuestión, pero hasta ahora no han impulsado ninguna medida real para regular los precios de alquiler. Ante esta inacción, nos hemos visto abocados a tomar la iniciativa nosotros”.
Desde esta formación política señalan que “no queda claro que las comunidades autónomas puedan establecer regímenes de contención o moderación de las rentas de alquiler de viviendas por la limitación que impone el marco legal estatal. En concreto, la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales quedan recogidas en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos” por lo que presentarán una proposición de ley con el objetivo de dejar claro que la renta en los contratos de arrendamientos de inmuebles urbanos la estipularán las partes sin perjuicio de los regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler de viviendas que puedan aprobar las comunidades autónomas“.
