La caída durante horas de las principales aplicaciones propiedad del magnate de Facebook, Mark Zuckerberg, ha puesto de manifiesto una de las mayores paradojas del mundo actual, que choca con nuestro supuesto lugar en el primer mundo. Europa -la Unión Europea, para ser exactos- no cuenta con sus propias redes sociales y de mensajería. Los ciudadanos de la UE están, pues, literalmente indefensos ante las corporaciones norteamericanas, chinas e incluso rusas que hacen negocio con sus datos personales y sus preferencias de consumo.
Si la información es poder, el viejo continente carece de él -pues ha renunciado a tenerlo-, algo ciertamente incomprensible, solo explicable por la sospecha más que fundada de que estos gigantes empresariales tienen controlados políticamente sus intereses en Europa, o lo que es lo mismo, probablemente alguien en Bruselas se lo esté llevando crudo a cuenta de seguir permitiendo el expolio de datos y la pérdida de derechos de los europeos frente a estas empresas, ejemplo de concentración de poder, opacidad y virtual impunidad.
Mientras muchos alemanes y numerosos políticos del continente veneran la figura de Angela Merkel como solida líder de la Europa unida en los últimos dieciséis años, la realidad que afecta a cada uno de nosotros demuestra la inconsistencia de tal hagiografía.
Merkel y sus piezas en la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos han consentido de forma totalmente cómplice la expansión de las redes sociales extracomunitarias para que los ciudadanos de la Unión nos arrodillemos ante corporaciones que, como primer capítulo de nuestra postración, nos someten a las leyes de California, de la República Popular China o de la Federación Rusa; leyes que, por supuesto, a quienes protegen es a sus empresas, no al despreciable consumidor europeo. Aceptar las condiciones -que nadie lee- para poder instalar y hacer uso de Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram o Tik Tok supone ponerse literalmente en manos de alguien que va a rastrearnos hasta poder describir qué aspecto presentamos, qué hacemos con nuestro tiempo, qué productos nos gustan, cuál es nuestro entorno familiar y de amistades o qué ideología y hasta orientación sexual tenemos -incluyendo los detalles más ínfimos de nuestras apetencias- para poder comercializar con dicha información y, de paso, almacenar una ingente cantidad de datos esencial en cualquier conflicto, bélico, sanitario o comercial.
Por si fuera poco, hasta las autoridades norteamericanas se han dado cuenta de que estos colosos empresariales comienzan a acumular más poder que el propio presidente de los EEUU, destapándose estos días pasados el sucio negocio amoral que subyace en la fortuna del señor Zuckerberg, dispuesto a poner en peligro la salud mental de millones de adolescentes para engordar su cuenta personal.
A ello, hay que añadir la escasa colaboración de Facebook con las autoridades judiciales, hecho que conocemos bien los mallorquines, pues pese a los requerimientos del juez, los responsables de la red social todavía no han desbloqueado el muro de la menor Malén Ortiz, desaparecida hace ya ocho años para poder investigar qué pudo ocurrir con ella. ¿Qué oscuros intereses se ocultan tras esta opacidad frente a la legítima investigación de gravísimos hechos delictivos por parte de las autoridades de un estado democrático?
La triste realidad es que los dirigentes europeos, lejos de proteger a sus ciudadanos frente a las intromisiones de empresas ubicadas en el inaccesible territorio de otras potencias, nos han dejado a todos a los pies de los caballos, sin que la desmesurada pérdida de soberanía que ello comporta parezca importarles lo más mínimo.
Y ahora, a ver quién quiere seguir loando la funesta era de Angela Merkel.
