Las costas de las Illes Balears siguen siendo uno de los destinos de la inmigración ilegal. La mayoría de personas que buscan una oportunidad en el sur de Europa llegan de regiones subsaharianas donde aprietan la hambruna y los conflictos.
La Fundación GADESO acaba de editar su último número de Quaderns con la décima encuesta sobre el tema de la inmigración y es el 51% de las respuestas que tilda la inmigración como un problema grave. En una sociedad que siente haber controlado el COVID, son los grandes temas pendientes que salen de nuevo a flote reclamando atención. La inmigración es uno de ellos.
Los mensajes de rechazo hacia los inmigrantes por parte de un sector de la población van calando cuando alguna fuerza política acusa a los inmigrantes de ser delincuentes en potencia o de aprovecharse de los recursos públicos en detrimento de la población local.
La encuesta de GADESO lanza preguntas para conocer la opinión (positiva que supone un 39% y negativa que alcanza el 54%) de los inmigrantes que han regularizado su situación. En el aspecto negativo, el 62% considera que saturan los servicios públicos y en un 34% creen que ocupan puestos de trabajo que podrían ser para población autóctona. En el aspecto positivo, el 71% apuesta porque tengan los mismos derechos que nosotros y en un 17% se valora que trabajen en puestos de los que aquí no se encuentra personal, habitualmente en trabajos más duros o engorrosos.
El informe de la encuesta se permite una reflexión sobre la tendencia demográfica local, que tiende al envejecimiento y que supone un reto para que las generaciones futuras puedan tener un sustento en cuanto a la financiación de su sistema social, algo que se podría compensar con la entrada de población inmigrante que trabaje aquí.
Una mayoría ajustada (51%) considera que las personas inmigrantes que han regularizado su situación deberían optar a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que un residente local. Un 42% cree además que esto debe extenderse a la posibilidad de optar a una educación y sanidad de la misma manera que los locales. El porcentaje de personas que creen que deberían poder traer a su familia a las islas baja a un 31%.
En la parte final de la encuesta se pasa a valorar la inmigración ilegal o no regularizada. La percepción negativa sube a un 69% y lo que motiva esta opinión se basa en la impresión de que hacen un uso abusivo de los servicios públicos (50%) y que generan inseguridad y delincuencia (44%). Al plantear cómo actuar, la gran mayoría (72%) opina que se deben expulsar de inmediato.
En la percepción más positiva (26%) la mayoría defiende que se deben garantizar los derechos como cualquier otra persona sin contemplar su lugar de origen (57%) poniendo en valor que huyen de zonas en conflicto (24%). Al proponer soluciones, el 46% opina que se deberían regularizar a aquellas personas que llevan más tiempo en el limbo legal para que así puedan trabajar e integrarse cuanto antes.
Para acabar, al valorar las políticas de inmigración, la mayoría (59%) considera que las leyes actuales son demasiado tolerantes y califican la actuación de la Unión Europea como insuficiente puesto que el 67% cree que la Comunidad Europea no tiene capacidad para acoger a tanto inmigrante. Por eso el 39% plantea que es necesaria un nuevo marco legal que comprometa a los países de la Unión Europea.
