El presidente del Cercle d’Economia de Menorca, Francisco Tutzó, se reunirá este lunes con el nuevo rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot para reanudar la iniciativa impulsada y promovida por la junta directiva de la entidad con el objetivo de crear un Grado de Inteligencia Artificial en la extensión universitaria de Can Salort. La propuesta ya había sido trasladada al anterior máximo dirigente de la UIB, Llorenç Huguet que en mayo concluyó su mandato y ahora se quiere dar continuidad por la importancia que puede representar disponer de este tipo de formación en nuestra isla.
Los trámites a llevar a cabo incluirían la redacción del plan de estudios con los contenidos, asignaturas y objetivos, además de contar con la aprobación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo que pertenece al Ministerio de Ciencia y que realiza las funciones de evaluación, certificación y acreditación de estudios, profesorado e instituciones.
Huguet ya manifestó en su día el interés y buena predisposición hacia este proyecto. Por su parte, Tutzó, señaló que esta iniciativa debería poderse financiar a través de los fondos europeos.
Ayudas al transporte bloqueadas
La agenda de trabajo del Cercle también tiene incluida para el mismo lunes una segunda reunión con Isabel Pardo de Vera Posada, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la que asistirá también el Presidente del Cercle d’Economia de Mallorca, José Mª Vicens y el Conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí. El encuentro debe servir para tratar la cuestión de las ayudas al transporte de mercancías para las islas para que no queden sujetas al régimen de mínimis que establece la Unión Europea, con el objetivo de que tengan la consideración de región ultraperiférica o alejada.
“Nuestro país tiene definidas unas ayudas hasta un 65% de subvención para paliar la pérdida de competitividad de las empresas situadas en Baleares debido a su elevado coste de transporte pero al existir un tope de 200.000 euros por empresa cada tres ejercicios fijado por la Unión Europea, hace que pierdan en gran parte su efectividad” argumenta Tutzó. “Nosotros le queremos trasladar que no es la distancia sino la discontinuidad territorial la que genera el hecho insular y eso encarece el transporte a toda costa” concluye.
