La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este lunes una oferta de ocupación pública de más de 10.000 puestos de trabajo de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma. Se trata de un proceso de estabilización de personal histórico que reducirá la temporalidad hasta situarla por debajo del 8% en Educación y en el Servicio de Salud, y que la dejará al 0% en los servicios generales de la Comunidad Autónoma.
Educación
En concreto en el área de Educación en Menorca se convocarán mediante concurso 214 plazas: 147 de profesores de Secundaria, 7 para FP, 3 en las Escuelas de Idiomas, 11 profesores de música y artes escénicas, un maestro de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y 44 maestros de Infantil y Primaria.
Mediante concurso oposición se convocarán en Menorca 14 plazas: 9 de profesores de Secundaria, dos para la FP, y 3 profesores de música y artes escénicas.
La oferta de ocupación pública para el personal docente no universitario al servicio de la CAIB en el marco de la Ley 20/2021 será de 2.646 plazas, que se sacarán a concurso en el año 2023. De este total, 2.554 se convocan por la vía del concurso, mientras que las 92 plazas restantes se convocarán por concurso de oposición.
A estas plazas que se sacarán el año que viene para cumplir la Ley se suman las más de mil plazas previstas para el año 2024, de tasas de reposición de 2021, 2022 y 2023.
Desde 2017, incluyendo las oposiciones que se harán este año, se han convocado 4.275 plazas. Por lo tanto, sumando todos los procesos concluidos y previstos, al acabar en 2024 se habrán convocado en las Balears más de 8.000 plazas de oposición en Educación. De este modo, se pasará de una tasa de interinidad de aproximadamente el 40% en 2015 —y que actualmente ya se ha reducido hasta el 26%—, a situarnos por debajo del 8%.
Salud
La sanidad pública es el sector en que se reforzarán más plazas. Concretamente, se trata de 4.114 plazas y de una reducción de la temporalidad hasta situarla por debajo del 5%. Del total de plazas, 1.605 se sacarán a concurso y 2.509 irán a concurso oposición. En esta última cifra se incluyen también las oposiciones de los años anteriores que estaban en primera fase de convocatoria.
Hay que tener en cuenta que se da continuidad a un proceso de estabilización ya iniciado durante la pasada legislatura. De hecho, en los últimos siete años y a través de diferentes procesos, 4.751 trabajadores del Servicio de Salud habrán obtenido una plaza fija, de los cuales 2.782 ya están incorporados y 1.969 corresponden a procesos ya iniciados y en diferentes fases de desarrollo.
Servicios generales
Con este proceso de ocupación pública, se prevé reducir hasta el 0% la interinidad en los servicios generales de la Comunidad Autónoma. Concretamente, se estabilizarán 1.507 plazas, de las cuales 1.227 corresponden a personal funcionario y 280 son de personal laboral.
De estas, 731 son plazas que se estabilizarán de acuerdo con los procesos que marca la Ley 20/2021. Un total de 550 son de personal funcionario, mientras que 181 corresponden a personal laboral.
Las 776 plazas restantes corresponden a las ofertas de ocupación del 2018 (278 plazas) y a las 498 plazas pendientes de los últimos tres años (304 de turno libre y 194 de promoción interna).
Finalmente, también está previsto estabilizar 1.173 plazas del sector público instrumental, de las cuales 957 irán a concurso y 216 a concurso oposición. Estas plazas no se aprueban en el Consell de Govern, sino que tienen que tener el visto bueno del consejo de administración de cada empresa pública.
Armengol ha dicho que esta cifra de plazas “es muy elevada e histórica” y que se podrá lograr “porque no partimos de cero”. En este sentido, ha recordado que en los últimos siete años “hemos hecho realidad muchos procesos de oposición y estabilización de personal, siempre de manera dialogada con los sindicatos”, que han permitido bajar la interinidad tanto en los servicios generales, como en salud y en educación. Además, la presidenta ha destacado que “con este acuerdo damos un paso definitivo en esta dirección” que se traduce “en una sanidad más fuerte, en una educación de la máxima calidad y en una administración ágil y accesible” en que sus trabajadores llevan a cabo su tarea “con unas mejores condiciones laborales”.
La previsión, tal como también marca la Ley 20/2021, es que todos los procesos hayan finalizado antes del 31 de diciembre del 2024.
