Los funcionarios de prisiones de Menorca tienen una plantilla insuficiente, trabajan en condiciones de inseguridad y padecen un 20% de ausencias de larga duración. Así lo han señalado los representantes sindicales de Acaip+UGT y Csif en el Centro Penitenciario de Menorca tras reunirse esta semana con el Secretario General de la Dirección Insular para trasladarle la problemática de personal que padecen.
Así lo han explicado los representantes de funcionarios y trabajadores tras el encuentro con la Administración para tratar de paliar esta situación.
Durante la reunión se le expuso al Secretario general que la plantilla original con la que se inauguró el centro ha sido insuficiente desde el principio y la prueba esta en que hay cerrados tres departamentos que nunca han podido cumplir su función. Señalan que la Administración les ha acostumbrado a trabajar en condiciones de inseguridad, a veces paliada con el envío de funcionarios en prácticas, solución temporal que ayuda pero que no resuelve el problema.
Este año se da el caso además de que hay un 20% de ausencias de larga duración por diversos motivos y la Administración no ha enviado ni un sólo funcionario en prácticas para ayudar con la situación, cosa que sí ha hecho con el resto de Centros Penitenciarios de Baleares, según exponen los sindicatos.
Ante la situación generada, los sindicatos han solicitado al Secretario General que intermedie para conseguir una Relación de Puestos de Trabajo acorde con la realidad del centro y que a corto plazo destinen funcionarios en prácticas que cubran el gran número de ausencias que padece la instalación menorquina.
Además le han pedido que se incluya al Centro Penitenciario dentro de un horario especial para los funcionarios no sujetos a turnicidad que se encuentran desplazados lejos de sus familias. Afirman no comprender que prisiones ubicadas en ciudades con mejores vías de transporte y conexiones con la península que la menorquina sí lo tengan y aquí no exista.
Para terminar se ha solicitado un complemento de insularidad debido al agravio que supone una diferencia de casi 300 euros con respecto a las Islas Canarias.
