El Govern de les Illes Balears invertirá, a partir del año que viene, 20 millones de euros en los diferentes municipios de las Islas para reducir las pérdidas de las redes municipales de distribución de agua potable. Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de la V Conferencia de Presidentes de las Islas Baleares a la que ha asistido la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora.
Mora, quien había solicitado, como ha hecho en cada Conferencia de Presidentes en estos dos mandatos, la inclusión de la gestión del agua en el orden del día, ha valorado muy positivamente la medida anunciada y ha destacado que ‘la gestión del agua es una prioridad para mi equipo de gobierno, así como ya se ha demostrado en estos dos mandatos a través de las inversiones hechas a través de las IFS donde se invirtieron más de 7 millones de euros, o la apuesta por la presentación del proyecto ‘Menorca Agua’ a la convocatoria de ITS de este año, con un importe global de 17 millones de euros, o la inclusión de este ámbito prioritario en el Plan de Agenda Urbana de Menorca, entre otros’.
Durante el encuentro se ha abordado la necesidad de avanzar en el Pacto por el Agua y en los compromisos para mejorar la gestión que se hace. Si bien desde la Conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio se han invertido 64,4 millones de euros desde 2015 en abastecimiento de agua, que se suman a los 395 invertidos en depuración y saneamiento, las redes de distribución municipal de agua potable todavía presentan importantes problemas de fugas de agua.
De hecho, el 27 % del agua potable se pierde por la red de distribución, y llega en algunos municipios a superar el 60 %. Ante esta realidad, en la reunión de hoy se ha acordado que el Govern transfiera a partir del año que viene y en cuatro años estos 20 millones de euros a los consells insulars, que a su vez abrirán convocatorias dirigidas a los municipios para cofinanciar actuaciones que mejoren el suministro de agua en sus pueblos.
«Estamos inmersos en el cambio climático y tenemos que hacer frente al hecho de que el agua es un bien escaso y que se tiene que gestionar de manera eficiente», ha afirmado Francina Armengol, quien también ha celebrado que las diferentes instituciones «hayan aprovechado la oportunidad que supone hacer una gestión conjunta» de esta problemática. La presidenta del Govern ha explicado que «los consells complementarán económicamente en la medida de sus posibilidades esta convocatoria» y ha agradecido «la facilidad de ponernos de acuerdo para enfocar un problema pensando a medio y largo plazo y priorizando recursos públicos para gestionar eficientemente el agua».
Finalmente, Francina Armengol ha recordado que los últimos siete años son «el periodo de nuestra democracia en el que más se ha invertido en saneamiento de agua», además de destacar las importantes inversiones hechas en depuración y abastecimiento porque «el agua es una prioridad absoluta para el Govern».
Con este acuerdo se avanza en el compromiso adquirido a través del Pacto por el Agua durante la primera Conferencia de Presidentes y Presidentas de la legislatura y se ofrece un acompañamiento a los ayuntamientos, que a menudo no pueden hacer frente a estas obras por las dificultades técnicas y el elevado coste. Las actuaciones que se podrán financiar con estos recursos son:
- Detección y reparación de fugas.
- Instalación de contadores digitales.
- Sectorización de redes de abastecimiento.
- Construcción/ampliación de depósitos de regulación e infraestructuras asociadas.
- Ejecución de nuevos pozos, pozos de garantía y pozos de reserva e infraestructuras asociadas.
- Instalación, mejora, ampliación de infraestructuras de potabilización del agua.
- Cualquier otra que permita el incremento de garantía de suministro en condiciones normales o de sequía.
Inicio del traspaso de competencias de ordenación territorial en el litoral
Durante la Conferencia de Presidentes y Presidentas también se ha acordado poner en marcha los trámites para traspasar las competencias de ordenación territorial en el litoral calificado como suelo rústico a los consells insulares, para avanzar así en el despliegue de competencias previsto por el Estatut de autonomia de 2007 (artículo 70), coincidiendo con la proximidad de los 40 años desde que se aprobó.
El acuerdo es, por lo tanto, un paso más en el cumplimiento de la transferencia de competencias que prevé el Estatut, pero también en el compromiso de fortalecer las instituciones insulares, para mejorar el servicio público que se ofrece desde cada una, desde la proximidad a la ciudadanía.
