Cuando se cumple una semana de la entrada en vigor de las rebajas en el IVA aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar la subida de precios, el Govern balear no ha hecho ninguna estimación de en qué medida afectará a sus cuentas las rebajas fiscales, si bien fuentes de la Conselleria de Hacienda han puntualizado que el IVA se liquida a través del sistema de financiación autonómica con dos años de retraso, por lo que lo que las comunidades reciben en 2023 proviene de la recaudación de 2021.
La Generalitat catalana y la valenciana y los gobiernos de Murcia y el País Vasco tampoco han facilitado ninguna estimación, mientras que varias comunidades han alertado, con mayor énfasis las gobernadas por el PP, de la pérdida de ingresos que les supondrán estas rebajas, algo que rechazan tanto el Ministerio de Hacienda como, en general, las autonomías con presidente socialista.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a EFE que “el efecto sobre las arcas autonómicas de la rebaja del IVA en 2023 -la mitad de cuya recaudación va a las autonomías- es nulo”, puesto que para este año las entregas a cuenta ya están calculadas y aprobadas, y han afirmado que hasta el momento no consta que ninguna comunidad haya solicitado compensación alguna por una supuesta merma de ingresos por ese concepto.
La voz de alarma la dio la Junta de Castilla y León el pasado 29 de diciembre, dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una rebaja durante seis meses del IVA de los alimentos, que se reducirá del 4 % al 0 % en los de primera necesidad y del 10 % al 5 % para aceites y pasta.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de su comunidad, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, apuntó que la rebaja del IVA en algunos alimentos anunciada por el Gobierno, sumada a otras como la del impuesto de la electricidad, dejarán a la región sin 265 millones de euros con los que contaba en el presupuesto recién aprobado.
Posteriormente, la Junta detalló a EFE que esos 265 millones corresponden a las rebajas del IVA de la electricidad (80 millones), del gas (15), de los alimentos (40) y del impuesto de la electricidad (130 millones).
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, subrayó durante su discurso de balance de año que la reducción del IVA “afecta a las comunidades autónomas” y estimó que su región “aportará casi 500 millones de euros”. “Estamos de acuerdo en que se bajen impuestos, pero el presidente del Gobierno debería advertir de que ese esfuerzo lo hacemos todos”, señaló.
Según han trasladado fuentes de la Consejería de Hacienda a EFE, el cómputo del año rozaría los 470 millones de euros: 130 por la reducción por impuesto de electricidad; 120 por el IVA de la electricidad; 80 del gas y 140 por los alimentos.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha estimado que las medidas del Gobierno le van a suponer una merma de ingresos de 448 millones de euros si se mantienen durante todo el año.
Fuentes del Ejecutivo andaluz han explicado a EFE que el impacto de esos casi 450 millones en las cuentas andaluzas es una estimación de los servicios técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, pero la cifra exacta la tendría que trasladar el Gobierno a las comunidades en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recordó que en marzo ya propuso al Gobierno la bajada del IVA de los productos básicos y consideró que el cauce correcto habría sido la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el asunto e ir todos “de la mano”.
En el caso de Galicia, la Xunta no ha facilitado un cálculo en ese sentido pero su presidente, Alfonso Rueda, dijo en una rueda de prensa tras un Consello que esta rebaja de impuestos supone un “esfuerzo compartido”, ya que las comunidades también dejarán de recaudar, y lamentó que no hubiera existido diálogo previo para adoptar esta medida.
Algunas comunidades gobernadas por el PSOE también han efectuado sus cálculos, como Navarra, que ha estimado en 105,88 millones el impacto en la Hacienda Foral de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno central a finales de año.
De esa cantidad, 10,5 millones corresponden a la rebaja del IVA de alimentos de primera necesidad, mientras que a medidas fiscales en materia energética atañen 12,85 millones por la rebaja del IVA del gas; 42 por la prórroga de la rebaja del IVA de la luz; 18,65 por la prórroga de la rebaja tarifa del Impuesto sobre electricidad y 21,89 por la supresión de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
A su vez, la Junta de Extremadura ha calculado en aproximadamente 15 millones de euros el impacto en sus cuentas autonómicas por la rebaja del IVA en algunos alimentos anunciada por el Gobierno, sumada a otras como la del impuesto de la electricidad. No obstante, el Gobierno extremeño considera que, dado que el IVA es un tributo cedido pero cuya recaudación se realiza a nivel nacional por la Agencia Tributaria, “es difícil establecer una cuantificación”, y ha señalado que en función del impacto recaudatorio y en relación al Índice de Reparto Territorializado, se podrá determinar de una forma más concreta.
En parecidos términos se han expresado a EFE otros ejecutivos con presidente o presidenta socialista, como el aragonés, que ha indicado que la afección del IVA, de existir, “no afectará este año, porque el IVA forma parte de las entregas a cuenta, que se cerraron el verano pasado”.
Desde Asturias, que comparte las medidas del Gobierno, fuentes de la Consejería de Hacienda han afirmado que las rebajas impositivas no supondrán este año una reducción de ingresos para el Principado y que, en todo caso, el posible impacto no se produciría hasta el ejercicio 2025, cuando realmente se conozca la recaudación y se practique la oportuna liquidación relativa a 2023.
En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ha afirmado a EFE que está a la espera de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para valorar el efecto que tiene la medida sobre la recaudación de las comunidades autónomas y analizar su compensación, mientras el Gobierno de La Rioja ha recalcado que apoya las medidas del Gobierno de España y que no tiene previsto pedir una compensación.
Un caso particular es el de Canarias, que no tiene IVA sino IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que el Gobierno insular ya rebajó hace 10 años al 0 % para alimentos y productos de primera necesidad y para combustibles y en 2019 también al 0 % en la electricidad para consumidores privados y pequeñas empresas y al 3 % para grandes empresas.
