El director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, ha anunciado este viernes en Menorca la aprobación de una nueva instrucción sobre la actividad náutica de temporada que habilita a los capitanes marítimos a dictar instrucciones para garantizar la seguridad marítima y prevención de la contaminación cuando se realicen actividades náuticas de temporada. De forma especial, se contempla una regulación de la actividad de alquiler de aquellas embarcaciones que no requieren de titulación para su manejo. Esta instrucción obligará a empresas y usuarios de embarcaciones de alquiler sin titulación a cumplir unos requisitos mínimos para mejorar la seguridad operacional.
Desde PIME Menorca se había mostrado preocupación sobre la interferencia de estas embarcaciones en la operativa y la seguridad del puerto de Ciutadella y esta mañana se han reunido su presidente, Justo Saura, la secretaria general, María García, y empresarios del sector náutico de ASMEN, APEAM y ANEM, con el director general de la Marina Mercante y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, y el director general de Transporte Marítimo y Aéreo, Xavier Ramis.
Benito Nuñez ha manifestado: «Esto supone una mejora importante, sobre todo para puertos como el de Ciutadella, que comparten tráfico comercial con el de recreo, con los problemas de seguridad que esto conlleva». Por su parte, el conseller de Movilidad y Vivienda ha expresado: «Desde el Govern celebramos esta noticia conseguida con el consenso del sector público y privado porque pondrá fin a una situación que se daba las últimas temporadas y que permitirá un uso del puerto más seguro».
Con relación a esto, la presidenta del Consell de Menorca también ha añadido: «Desde el Consell Insular valoramos positivamente este paso adelante, acordado entre el sector público y privado, imprescindible para mejorar la seguridad marítima. Ahora es el turno del sector privado de velar por su cumplimiento para evitar los problemas e incidentes que se generan cada verano en torno a esta actividad por parte de algunas de estas empresas. En caso de que estas nuevas medidas no se cumplan o no generen los resultados esperados, deberemos seguir trabajando conjuntamente para garantizar una total seguridad, también para los usuarios».
También se ha aprovechado la reunión para poder explicar directamente al sector náutico la reciente aprobación del Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. Se trata de una norma que mejora los procedimientos relacionados con la navegación y da cumplimiento a las normas relativas a la seguridad de la navegación y protección del medio marino. Uno de los puntos que ha generado preocupación al sector ha sido la introducción de la posibilidad de que las embarcaciones privadas se puedan utilizar, durante un máximo de tres meses al año, como embarcaciones de alquiler. Esta posibilidad no podría ser de aplicación hasta que, tal y como ha afirmado el director general de la Marina Mercante, se produzca el correspondiente desarrollo normativo.
En el caso de las Illes Balears, el Estatuto de Autonomía estipula que la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de actividades recreativas en aguas interiores y, de acuerdo con esta competencia, se aprobó el Decreto autonómico 21/2017, de 5 de mayo, por el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo. De acuerdo con esta regulación, en las Illes Balears tan solo las embarcaciones y barcos inscritos en la Lista 6ª se pueden dedicar a la actividad de alquiler sin que se establezca ninguna excepción. En relación a ello, el conseller ha dejado claro que la voluntad de este Govern es la de mantener el modelo que se ha tenido hasta ahora, un modelo que se adapta a las circunstancias concretas de las Illes Balears y que no hay la intención de modificar.
Desde la Dirección General de Transporte Aéreo y Marítimo se realizan campañas específicas de control e inspección de chárteres náuticos en las Illes Balears, en colaboración con la Guardia Civil y otras administraciones con competencias en el control y la vigilancia del dominio marítimo-terrestre: la Conselleria de Medio Ambiente, Puertos de las Illes Balears y Autoridad Portuaria de las Illes Balears.
En el año 2022 se tramitó un 48,53% más de expedientes sancionadores que en 2021 y seis veces más que en 2020 y 2021. Este año ya hay tramitados 39 expedientes, por lo que se prevé superar de forma sustancial los datos del año 2022.
Por otro lado, a día de hoy, desde Puertos de las Illes Balears se tienen contabilizadas más de 3.200 declaraciones responsables de chárter náutico en vigor en el Registro balear, lo que supone que el sector está de cada vez más sensibilizado con el cumplimiento de la normativa.
