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Desmantelan una red de explotación laboral en Maó: dos detenidos por abusos y falsificación

Los detenidos explotaban y engañaban a sus víctimas

(Foto: Policía Nacional)

Agentes de la Policía Nacional en Maó han detenido a dos varones de origen brasileño acusados de cometer delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los derechos de los trabajadores y por falsedad documental. La investigación, iniciada a principios de año, reveló que estos empresarios sometían a sus trabajadores a condiciones laborales extremas, incluyendo jornadas excesivamente largas, tratos vejatorios y precariedad en las condiciones de trabajo, especialmente durante la temporada de verano.

La mayoría de los trabajadores de la empresa, que se encontraban en situación irregular en España, no tenían contratos de trabajo. Las inspecciones administrativas realizadas en julio, en colaboración con la Inspección de Trabajo, identificaron a ocho trabajadoras extranjeras, siete de las cuales estaban en situación irregular y una con estancia de turista. Las infracciones a la normativa de extranjería resultaron en procedimientos sancionadores, con multas que oscilan entre 10.001 y 100.000 euros por cada trabajador en situación irregular.

Los empleadores inicialmente ofrecían condiciones de trabajo atractivas, que luego no se cumplían, explotando la vulnerabilidad de sus empleadas. Las trabajadoras, en ocasiones, realizaban jornadas de hasta 16 horas diarias durante el verano, los siete días de la semana, con escasos descansos y por un salario de aproximadamente 8 euros por hora. Además, se exigía a los trabajadores estar disponibles las 24 horas del día, a menudo siendo convocados a trabajar a altas horas de la noche.

La investigación también descubrió que varios extranjeros, principalmente hombres brasileños, habían regularizado su situación administrativa en España o renovado sus permisos de residencia presentando contratos de trabajo falsos con la empresa investigada. Estos contratos se facilitaban a cambio de sumas de dinero que variaban entre 1.000 y 3.000 euros, simulando una relación laboral para obtener el Permiso de Residencia y Trabajo. Los costos de la Seguridad Social eran asumidos por los supuestos trabajadores.


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